La familia del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha vuelto a pedir al juzgado de Manresa (Barcelona) que acepte tramitar el habeas corpus que solicitó en enero pasado, cuando fue reconocido eurodiputado, y que pregunte a la justicia europea si su encarcelamiento es legal.
En un escrito, la esposa y el padre de Junqueras han recurrido el auto del titular del juzgado de instrucción número 1 de Manresa, que el pasado mes de enero rechazó tramitar su petición de habeas corpus, figura jurídica que prevé que un detenido de pueda comparecer ante el juez instructor para que ordene su puesta en libertad inmediata de estimar que su arresto ha sido arbitrario.
La solicitud de habeas corpus formaba parte de la ofensiva judicial que impulsaron los familiares de Junqueras tras la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión al exvicepresidente de la Generalitat y denegarle la inmunidad, una vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo reconoció como eurodiputado.
El juzgado de Manresa, no obstante, rechazó tramitar la petición, alegando que el encarcelamiento de Junqueras obedece a una sentencia del Tribunal Supremo.
En su recurso contra esa decisión, los familiares de Junqueras solicitan a la juez que eleve dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de forma que este se pronuncie sobre si su encarcelamiento vulnera su inmunidad como eurodiputado y si debe ser puesto en libertad mientras la cámara tramita el suplicatorio.
El escrito alega que la negativa del juez de ponerlo en libertad "está vulnerando directamente" sus derechos fundamentales a la luz de la sentencia del TJUE, un hecho, reconocen, "posterior e inédito del que no existe precedente ni en la jurisprudencia nacional ni en la europea".
Además, consideran "incontestable" que la sentencia del TJUE establece que Junqueras "debe ser puesto en libertad para poder efectuar los trámites posteriores a su designación como eurodiputado y que solo el Parlamento Europeo puede estudiar una posible inaplicación de la inmunidad de sus miembros".
"Mantener a una persona en la cárcel o continuar las actuaciones judiciales una vez haya adquirido la condición de eurodiputado sin la autorización del Parlamento europeo implica una vulneración de su inmunidad y de sus derechos fundamentales a la libertad, al juicio justo y a la representación política", añade el escrito.
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