10-02-2020 / 18:22 h EFE

La exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, se ha amparado este lunes ante el juez en su derecho a la libertad de expresión en el juicio contra ella por un delito de calumnias con publicidad, por haber denunciado en un programa de televisión en 2014 maltratos policiales a las personas detenidas.

En declaraciones a Efe, Ruiz-Huerta ha señalado que las afirmaciones que hizo en el programa "Salvados, cuestión de justicia", de La Sexta, las hizo en calidad de abogada penalista y miembro de la Asociación Libre de Abogados (ALA) para narrar su experiencia como letrada del turno de oficio.

La Fiscalía pide por ello que sea sancionada con una multa de 4.700 euros.

Según Ruiz-Huerta, que ahora trabaja como abogada en Greenpeace, en su participación en aquel programa, en el que intervino también un fiscal y un juez, se limitó a contar su "experiencia" como letrada basada en las personas a las que defiende, vinculadas al mundo de la exclusión social, y los que ellos le relataban durante aquellos años.

La exportavoz ha presentado en el juicio 14 folios en los que reseñaba los informes de Amnistía Internacional, del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía General del Estado y de instituciones internacionales, en los que se basó en sus declaraciones en el programa, pero han sido rechazado.

La jueza tampoco ha aceptado, ha dicho Ruiz-Huerta, las pruebas testificales que de las declaraciones propuestas por su defensa, como del relator de Naciones Unidas para la Tortura que, según la exportavoz, "ha hecho varios informes en los que declara que en España se producen todavía torturas y malos tratos".

"No soy yo la única persona que lo dice, hay otras muchas organizaciones internacionales, instituciones, el Consejo General de la Abogacía Española, trece sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dicen esto mismo", ha sostenido.

En el juicio, que ha tenido lugar en el juzgado de lo penal número 17 de Madrid y que ha quedado visto para sentencia, Ruiz-Huerta solo ha respondido a las preguntas del fiscal y su abogado, y se ha acogido a su derecho a no declarar ante las cuestiones de los letrados de la acusación particular, de los sindicatos de Policía y Guardia Civil.

"Tanto en mi interrogatorio en el que he tratado de explicar el contexto en el cual hice estas declaraciones y a cuento de qué venían, como en el profuso informe de mi letrado creo que hemos cargado de motivos a la jueza para poder dictar una sentencia absolutoria", ha indicado.

 
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