12-02-2020 / 14:50 h EFE

La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak ha denunciado que el Ayuntamiento de Barakaldo cobra un sobreprecio de 120 euros mensuales por la ayuda a domicilio a una anciana con alzhéimer pese a la reclamación del Ararteko para que cese.

La recomendación fue enviada el pasado verano al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo, que no la ha aceptado, según consta en la comunicación que el Ararteko ha remitido a la familia perjudicada y que está fechada el pasado mes de diciembre.

En esta misiva el Ararteko destaca que “el Ayuntamiento de Barakaldo no ha aceptado la recomendación ni ha contestado a la solicitud que le remitimos para que nos informase sobre su disposición a cumplirla”, a pesar de que “ha transcurrido con exceso el plazo”.

El Ararteko lamenta la actitud municipal y advierte de que dará cuenta de ello en el informe anual que presenta ante el Parlamento Vasco.

El caso corresponde a una anciana que comenzó a recibir ayuda domiciliara (SAD) en enero de 2016 y meses después, debido al deterioro de sus capacidades, recibió la valoración denominada Grado III Gran Dependencia, que implica que es una persona cuyas “limitaciones son absolutas o casi absolutas”.

El Ayuntamiento aumentó, por ello, las horas de ayuda a domicilio pero, así y todo, la familia tuvo además que contratar asistencia privada, “con el consiguiente deterioro de las condiciones económicas”, según ha destacado la plataforma Berri-Otxoak.

Ante el cambio de las circunstancias, la familia solicitó al Consistorio que recalculara la tarifa que debía pagar por el SAD y tras no recibir una respuesta positiva del Ayuntamiento trasladó una queja al Ararteko, que recabó información municipal sobre el asunto.

El Ararteko ha concluido que los responsables del Ayuntamiento, al negarse a revisar el precio, han ignorado la propia ordenanza que establece una “deducción por persona de 120 euros mensuales” para quienes están valoradas en Grado III de Dependencia.

El Consistorio ha alegado que “no consta ninguna solicitud de revisión del precio”, aunque el Ararteko considera que “llama poderosamente la atención” esta afirmación cuando el propio informe de los servicios sociales admite que la familia afectada “ha preguntado en muchas ocasiones” sobre este asunto.

 
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