Los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores de Baleares podrán realizar los preceptivos informes que exigen los ayuntamientos para aprobar las licencias de obras, con el fin de reducir la media de espera de aprobación actual de 18 meses, cuando la ley establece un límite máximo de 3 meses.
Para ello, los ayuntamientos de Baleares podrán firmar convenios con los colegios profesionales para que lleven a cabo esta labor, si bien los consistorios tendrán la última palabra para la aprobación final de las licencias de obras, bien sean nuevas o reformas.
La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha señalado este lunes que "necesitamos mejorar y agilizar la tramitación, que es muy larga".
Por su parte, el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha dicho que "se trata de descargar el trabajo" de los ayuntamientos con la colaboración de los colegios profesionales.
El presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca (Coaatmca), Daniel Tur, ha destacado lo "positivo" de esta medida porque la concesión de licencias es un asunto "sensible" que "crea mucha dificultades" a los profesionales. "Estamos satisfechos de que el Govern tenga la voluntad y valentía de dar cabida a esta colaboración público-privada", ha afirmado.
Los colegios, ha explicado, realizarán informes de idoneidad que complementen la competencia administrativa sin suplantarla.
El Govern balear ha presentado este lunes las "25 acciones extraordinarias de vivienda" en las Islas Baleares con ocasión de la reunión este lunes de la Mesa de la Vivienda, la primera de esta legislatura.
Armengol ha declarado que el acceso a la vivienda es una "problemática" en Baleares, con precios muy altos, por lo que el ejecutivo balear ha decidido activar plan e impulsar "medidas potentes" para facilitar su acceso a los ciudadanos.
Este paquete de 25 acciones extraordinarias en suelo urbano tiene como fin facilitar la promoción, construcción o uso de viviendas de titularidad pública, y poner a disposición de los ciudadanos casas que sean asequibles.
Entre las mismas figura el incremento del parque público de vivienda. Para ello, el Govern dispone este año de 40 millones de euros. En 2020 habrá 505 vivienda de protección públicas en construcción, 71 en proceso de licitación y 9 prácticamente acabadas.
En total, 585 Viviendas de Protección Oficial (VPO): 396 en Mallorca (15 promociones), 103 en Menorca (7 promociones) y 86 en Ibiza (3 promociones).
El Govern podrá ser comprador prioritario en todas las operaciones inmobiliarias procedentes de ejecución hipotecaria o dación en pago entre los grandes tenedores, mientras que los ayuntamientos y los consells insulars deberán comunicar a la conselleria competente en materia de vivienda el listado del suelo público susceptible de ser destinado a vivienda o alojamiento.
Además, el ejecutivo incrementará la sanción por incumplimiento de los grandes tenedores de comunicar las viviendas vacías. A partir de ahora se sancionará por cada vivienda no comunicado.
Otro objetivo es implicar al sector privado en la construcción y gestión de la VPO. Para ello ofrecerá de manera gratuita solares públicos para que construyan viviendas, que pasarán a manos del Govern balear a los 75 años.
Se permitirá a los cooperativistas de VPO construir y adjudicar los pisos, dando así la posibilidad de acceder a la vivienda a un precio asequible para estos promotores.
Otra de las medidas previstas por el Govern es que el índice de intensidad de uso residencial en suelo urbano será de una vivienda por cada 60 metros cuadrados de superficie edificable residencial.
El Govern, han insistido Armengol y Pons, quieren "ganar en agilidad administrativa", por lo que las licencias de obra de VPO podrán se aprobadas por el Consell de Govern. En este contexto, los instrumentos de gestión de suelos de titularidad pública para la construcción de vivienda regulada podrán ser aprobados directamente por el Consell de Govern.
En este contexto se creará una mesa para promover la agilidad administrativa en materia de tramitación urbanística de la que formarán parte el Govern, los ayuntamientos, los consells insulars y los colegios profesionales.
También se activará una mesa interinstitucional de vulnerabilidad en materia de vivienda para atender los casos urgentes de desahucios y situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda y mejorar la coordinación entre las instituciones.
Otro objetivo del Govern es aumentar las ayudas al alquiler: en 2019 fue de 8,4 millones de euros y en 2020 se seguirá esta tendencia.
Para contar con un sistema de información pública se prevé crear el Monitor Balear de la Vivienda, que contará con información al día y las herramientas necesarias para evaluar y diseñar las políticas de vivienda.
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