17-02-2020 / 19:10 h EFE

El comité de empresa de la factoría de la multinacional Alcoa en el municipio lucense de Cervo ha reclamado al Gobierno gallego establecer un "frente común" con las autoridades del Principado de Asturias y de la comunidad de Cantabria para rebajar el precio de la energía a las empresas electrointensivas con el fin de salvaguardar el empleo.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, y una delegación de trabajadores, tras reunirse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, advirtió de que si no hay una solución a sus problemas, el periodo hasta los comicios autonómicos gallegos, el 7 de abril, se desarrollarán "en estado de guerra".

Zan se quejó de la postura del Gobierno central en la demora de la aprobación del texto del denominado estatuto para las empresas electroaintensivas, que están aumentando la incertidumbre entre los trabajadores.

"Hemos solicitado al presidente de la Xunta que se forme un frente común entre las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria", comentó Zan, con el fin de "tratar de solucionar esta grave crisis en la que nos ha metido el proyecto de estatuto que han elaborado los ministerios de Industria y Transición Ecológica".

A su juicio, la reforma sobre la energía planteada por el Gobierno ha "puesto en peligro, solo en A Mariña, a más de 8.000 familias" y "sería una auténtica catástrofe si se lleva a cabo".

En cuanto a las alegaciones al estatuto presentadas por la Xunta y las que hoy mismo remitió el propio comité de empresa, subrayó que ambas están "bastante de acuerdo", porque piden unas condiciones similares a las de países del entorno para favorecer la competitividad.

"No entendemos por qué el Gobierno está haciendo caso omiso y no aprueba lo mismo que en el resto de Europa. No somos un país de tercera. Queremos el precio de la energía por debajo de 40 euros el megawatio y lo queremos ya", dijo el presidente del comité.

En ese sentido, señaló que "todos" se han "comprometido con el comité a trabajar para buscar una solución", pero advirtió de que "si nos declaran la guerra cerrándonos la fábrica, nosotros vamos a actuar como tal" y apuntó la posibilidad de lanzar una ofensiva de movilizaciones.

“Este proyecto de estatuto no vale para nada. Lo he dicho por activa y por pasiva. Si llevan un año con este estatuto en el cajón, mejor hubiese sido que lo hubiesen quemado y hubiesen hecho uno nuevo. Es vergonzoso que después de un año nos presenten esta auténtica barbaridad industrial, que es lo que llevan haciendo desde el principio”, zanjó.

Por su parte, el presidente de la Xunta aseguró que "van pasando los meses" y "estamos cada día en una situación más delicada y peligrosa", de ahí "la inquietud del comité de empresa y de las familias" por el empleo.

"No solo están las dos mil personas que cobran la nómina de Alcoa", dijo Feijóo, sino que "hay ocho mil familias afectadas por la amenaza de cierre de Alcoa en A Mariña”.

En ese sentido, señaló que en los últimos once años ha habido una labor para que la multinacional estadounidense "Alcoa tuviese un precio de la energía competitivo" en su fábricas en Galicia y España, "hasta el 2018", algo que se consiguió ""con dificultades", pero con garantías de "viabilidad" aplicando tarifas de 35 a 37 euros por megawatio, pero ahora están de 47 a 55 euros.

"Alcoa así no es viable", dijo Feijóo, porque la empresa perdió 18 millones en 2018, entre 50 y 60 en 2019 y ha comenzado 2020 con "mayor incertidumbre", dijo.

El borrador del estatuto de las empresas electrointensivas "en vez de ser una garantía para que sean viables” las empresas con gran consumo de energía, supone "una sentencia clara para que vayan cerrando de forma consecutiva", opinó.

A su juicio, ese texto "es peor que cualquier proyecto que se pudiese valorar o imaginar", porque hay "menos dinero" y a repartir entre "más empresas", dado que los posibles beneficiaros pasan de 119 a 600.

Según el presidente gallego, las 450 nuevas empresas que podrían beneficiarse de estas ayudas son mayoritariamente "vascas y catalanas".

A su juicio, "es un tema muy serio, muy grave. Como Gobierno de la Xunta no lo vamos a permitir. Este estatuto es el acta de defunción de las empresas que utilizan la energía como materia prima determinante", lamentó.

En la misma línea, opinó que el Gobierno central, tras "cerrar las centrales térmicas en España", ahora "quiere cerrar también las empresas electrointensivas. A nosotros nos afecta de forma muy especial", porque además de Alcoa, que es la principal, hay un conjunto de industrias que se verá afectado.

En cuanto a las alegaciones presentadas por la Xunta dijo que "entran dentro del marco europeo y de la potestad fiscal que tiene España".

La propuesta del Gobierno gallego coincide con la de las centrales sindicales y se basa, según indicó, en una "política fiscal que grave con menos impuestos la energía que consumen las empresas hipereletrointensivas".

Argumentó que "son medidas que se aplican en Francia, en Alemania y que veníamos aplicando en Galicia antes de este Gobierno", insistió.

 
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