19-02-2020 / 15:11 h EFE

id, 19 feb (EFECOM).- El plazo medio de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas subió de 68 a 70 días en 2019, con lo que se aleja aún más de los 30 días establecidos por ley, según el informe presentado este miércoles por la Plataforma Multisectorial contra a Morosidad (PMcM).

Desde que en 2010 comenzó a contabilizarse este dato, el plazo medio de pago de las administraciones públicas ha descendido de manera continuada desde 166 a 65 días en 2017, para volver a subir en 2018 y 2019, lo que muestra "una clara tendencia a aumentar", ha explicado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, durante la presentación del informe, basado en 800 encuestas a proveedores.

En el sector privado, el plazo medio de pago siguió lejos de los 60 días que estipula la ley, aunque descendió a considerablemente respecto a 2018, al alcanzar los 73 días, frente a los 81 días del año pasado.

La ratio de impagos (montante de los impagos respecto al total de facturación de los proveedores) se situó en el 3,1 %, dos décimas superior a la de 2018.

Este aumento, aunque ligero, "es lo que más debería preocupar, ya que es cuestión de vida o muerte para la empresa", ha afirmado Cañete, que ha avisado de que este dato no ha dejado de crecer desde 2016, cuando se situó en el 2,3 %.

El 60 % de los que no pagan a plazo son grandes empresas, mientras que el 40 % son pymes y microempresas, lo que, según Cañete, "está generando una tensión en la que las pymes están pagando a tiempo y las grandes empresas no dejan de aumentar sus plazos de pago".

Para la PMcM también es preocupante que el 86 % de los proveedores nunca o casi nunca exigieron intereses de demora y el 94 % no pidieron la indemnización legal por costes de recobro que estipula la ley.

Según Cañete, esta situación se debe al miedo a perder a un gran cliente, no al desconocimiento, puesto que el 61 % de los encuestados asegura conocer la legislación.

Asimismo, el informe revela que el 65 % de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes, tanto del sector público como del privado, que les imponían plazos de pago superiores a los legalmente establecidos.

El mismo porcentaje, un 65 %, confiesa tener contratos o acuerdos en los que se les exige aceptar cláusulas abusivas.

Por sectores, la plataforma ha destacado que el del Comercio y Servicios tiene un plazo medio de pago de 339 días, algo "escandoloso", puesto que el plazo medio de cobro de las empresas de este sector se sitúa en 58 días.

Cañete ha incidido en la necesidad de poner en marcha un régimen sancionador que multe a las empresas que se excedan del límite legal de pago y ha pedido que los grupos políticos que se pongan "manos a la obra", a sabiendas de que ya existió una proposición de ley sobre este tema que no llegó a aprobarse al disolverse las Cortes por las elecciones anticipadas.

 
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