La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FE-CCOO-PV) ha instado a la Conselleria de Igualdad que busque una solución "urgente" ante la congelación salarial que sufren trabajadores de centros de menores o centros de día públicos desde 2011, lo que supone "un continuo empobrecimiento con la pérdida del poder adquisitivo del 14 %".
En una rueda de prensa, el responsable del sector de infancia y adolescencia de la FE-CCOO-PV, Toni Jiménez Galván, ha anunciado este martes la presentación de 963 firmas de trabajadores afectados y la petición de una reunión dirigida a la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, para solucionar esta situación.
El pasado 13 de diciembre el sindicato inició una campaña de recogida de firmas contra la congelación salarial, en la que solicitaban también una financiación justa y solucionar los retrasos en los pagos.
Según el sindicato, en la actualidad los trabajadores de los centros públicos de gestión privada o integral, gestionados con dinero público por entidades sin ánimo de lucro, tienen congelado cualquier incremento salarial, mientras que otros empleados de centros de titularidad privada "sí han recibido un incremento salarial entre los años 2017 y 2019".
En la rueda de prensa ha intervenido también una trabajadora del centro Jaume I de Picassent, Cristina Pérez, que ha reivindicado que esta situación afecta de alguna manera a los menores tutelados, y que, a pesar de que "se continua exigiendo una mayor responsabilidad, formación y especialización, nuestros sueldos siguen siendo insuficientes".
CCOO ha pedido el amparo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (CIPI) para que también las entidades sin ánimo de lucro que gestionan los centros Públicos cumplan íntegramente y sin excepciones los derechos laborales recogidos en el III Convenio Colectivo Autonómico de atención especializada a la familia, infancia y adolescencia de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, han reclamado una financiación justa por parte de la administración a las entidades que gestionan los centros, y han denunciado que "las consecuencias de la mala financiación y el retraso en los pagos siempre las acaban pagando los mismos: los trabajadores y trabajadoras".
La transparencia en la gestión del dinero público por parte de las entidades sin ánimo de lucro y mayor supervisión de la Administración también ha sido un punto de los que han reclamado desde Comisiones Obreras.
"Donde no puede haber beneficio empresarial, todos los recursos económicos deben dedicarse al beneficio de los menores, tanto a la mejoría de las condiciones de los centros como de sus trabajadores", han reivindicado.
Asimismo, han exigido el reconocimiento de la experiencia laboral de los trabajadores por parte de la administración, pues, a su juicio, tienen "las mismas obligaciones que los empleados públicos, pero sin el reconocimiento de los mismos derechos".
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