26-02-2020 / 11:21 h EFE

La ausencia de un testigo ha obligado a aplazar un juicio que se iba a celebrar este miércoles en la Audiencia de Valladolid contra un hombre, acusado de defraudar a la Seguridad Social 153.540 euros, un delito por el que la Fiscalía demanda cuatro años de cárcel y una multa de 450.000 euros.

En la vista oral, pospuesta para una fecha aún por determinar, se sentará en el banquillo M.G.G. por hechos ocurridos a raíz de que el procesado fuera socio único, titular y administrador único de dos sociedades.

El 15 de febrero de 2013, el acusado, en representación de "Inversiones Hoteleras del Duero S.L.", supuestamente celebró un contrato de arrendamiento con opción a compra de un inmueble y una parcela con varios edificios destinados a hotel, situados en la Avenida de Escalona de Peñafiel (Valladolid), con el fin de proceder a su explotación, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Al día siguiente, actuando inicialmente en nombre tanto de Inversiones Hoteleras del Duero S.L, como de Gestiones Hotel Ribera del Duero S.L. celebró un contrato de subarriendo durante cinco años de esa finca.

La finalidad consistía en "dificultar cualquier labor inspectora y ocultar frente a terceros la verdadera titularidad de la explotación, puesto que aparentaba tratarse de dos sociedades distintas y sin vinculación alguna, aunque ambas era unipersonales y el capital pertenecía íntegramente al procesado", según sostiene la acusación pública.

Mientras la primera sociedad estuvo siempre al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y contó sólo con dos trabajadores entre abril y junio de 2013, la otra sociedad contó con 62 empleados y fue el acusado quien realizó la explotación de la actividad hotelera.

"En su propósito de defraudar a la Seguridad Social, evitando el pago de las cuotas del régimen general de sus trabajadores", dejó de presentar los documentos correspondientes de cotización entre marzo de 2013 y octubre de 2014, generando una deuda total de 153.540 euros, establece la Fiscalía.

La acusación pública considera los hechos constitutivos de un delito de fraude a la Seguridad Social por el que reclama cuatro años de prisión, además del abono de la multa e indemnización de 450.000 y 153.540 euros, respectivamente.

El letrado de la Seguridad Social demanda prácticamente la misma pena que el Ministerio Público, mientras la defensa solicita la absolución del procesado.

 
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