27-02-2020 / 17:10 h EFE

El juez Miquel Florit, acusado en el caso Móviles, ha sostenido este jueves en el Tribunal Superior de Baleares que su "deber" era conocer quién filtró a la prensa informes policiales que estaban bajo secreto procesal y, por tanto, debía "sucumbir" el secreto profesional periodístico.

"Pensé que era mi deber investigar el delito (de revelación de secretos) porque el delito era grave; debía sucumbir el derecho al secreto profesional en este extremo", ha aseverado el magistrado.

Este jueves se ha celebrado el juicio al magistrado Miquel Florit, ya jubilado, por requisar en 2018 los teléfonos de dos periodistas de Diario de Mallorca y la Agencia Europa Press y controlar sus comunicaciones y las de sus empresas cuando investigaban en el año 2018 el caso Cursach, un vasta causa al empresario del ocio de Mallorca Bartolomé Cursach.

El magistrado ha calificado de "gravísimo" las filtraciones periodísticas y la publicación de parte del sumario secreto, por lo que consideró necesario averiguar qué funcionarios públicos facilitaban la información al entender que estaban incurriendo en un delito de revelación de secreto.

El juez se enfrenta a 42 años de inhabilitación por la comisión de los delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del secreto profesional y el derecho a la intimidad y de interceptación ilegal de comunicaciones.

A finales de 2018, Florit, tercer instructor del caso Cursach, autorizó a la Policía a reclamar los registros de llamadas de las delegaciones en Palma de la Agencia EFE y Europa Press y de la redacción de Diario de Mallorca, a requisar material informático en oficinas de estas dos últimas empresas y a incautar el teléfono de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre.

El juez investigaba en concreto la filtración de un informe policial de presuntos delitos fiscales de 51 millones de euros del caso Cursach.

Pou ha declarado este jueves que intentó acogerse al secreto profesional para no revelar sus fuentes informativas, pero los agentes de la Policía Nacional le requisaron su móvil y le dijeron: "Esto es la ley, tenemos una orden judicial y no hay nada que hacer".

La periodista ha relatado que la Policía se presentó en la oficina de su empresa en diciembre de 2018.Lo primero que pidió a los policías fue hablar con los servicios jurídicos de su empresa al entender que se estaba vulnerado su derecho al secreto profesional, pero le respondieron que "no tenía que hablar nada" porque se había dictado una orden judicial.

"Mi preocupación no era que pudiera tener un problema judicial, sino proteger a mis fuentes", ha manifestado la periodista, que aquel día les advirtió a los policías que llevándose su móvil "su secreto profesional quedaba en papel mojado".

Mientras tanto, Mestre ha señalado que "no había alternativa" y entregó su móvil, aunque no estaba conforme con esta decisión judicial.

Mestre se ha negado en rotundo durante su declaración a revelar al Ministerio Fiscal sus fuentes periodísticas amparándose en el derecho al secreto profesional.

"No voy a decir nada sobre mis fuentes", ha dejado claro Mestre, que ha subrayado que todos los periodistas de Europa que escriben sobre Justicia y Tribunales recurren a sus fuentes informativas.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, también ha declarado como testigo y ha explicado que informó favorablemente de la incautación de los móviles porque se trataba de una "investigación excepcional".

Además ha asegurado que ponderó tal medida y tuvo "muy presentes" los derechos en "conflicto", el secreto profesional periodístico y la investigación de un delito.

En abril de 2019 fueron detenidos dos agentes de la Policía Nacional por su presunta implicación en la filtración de información del caso Cursach.

 
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