27-02-2020 / 21:40 h EFE

El juicio del caso Móviles, en el que se piden 42 años de inhabilitación al juez Miquel Florit por requisar los móviles de dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press (Kiko Mestre y Blanca Pou) por controlar sus comunicaciones y las de sus empresas, ha quedado este jueves visto para sentencia.

Hoy se ha celebrado este juicio en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) y las partes, tras doce horas de vista, han presentado sus conclusiones.

Uno de los abogados de las empresas y periodistas afectados (Diario de Mallorca, EFE y Kiko Mestre), Nicolás González Cuéllar, ha mantenido la acusación por "unas gravísimas actuaciones" en las que considera que el juez "olvida su función de garante de los derechos fundamentales y vanguardia de Estado de Derecho".

"Acepta unas peticiones que consideramos aberrantes de la policía judicial y avaladas por el ministerio fiscal consistentes en unas medidas que destrozan absolutamente la confianza del público en el periodismo, que es vital para el mantenimiento de la libertad de prensa", ha dicho sobre la petición de los datos y listado de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos y la requisa de los móviles de dos periodistas y ordenadores de una de ellas.

Para investigar filtraciones a los medios de algún funcionario en el caso Cursach, el letrado ha dicho que "lo normal" hubiera sido pedir los datos de tráfico de los sospechosos y no de los periodistas.

Ha añadido que no se pone en duda la necesidad esclarecer los hechos graves y la obligación de investigar las filtraciones de funcionarios y castigar a sus responsables, pero ha considerado que la verdad no puede ser obtenida en el proceso penal a cualquier precio y que el secreto profesional de los periodistas "y su derecho a guardar el secreto de las fuentes es vital para la confianza de los posibles informadores y para poder generar noticias de interés público".

Según el letrado, "no hay rastro" de ponderación del secreto profesional en los cuatro autos dictados por el juez que dieron lugar a los autos.

El otro letrado acusador, Javier Crespo (Europa Press y Blanca Pou), ha destacado que "identificar a los autores de la filtración es identificar a la fuente".

Ha asegurado que en este caso, para investigarlo, "los medios utilizados son absolutamente ilegítimos" porque se han vulnerado derechos de terceros (a la intimidad, a la inviolabilidad de domicilio, al secreto de las comunicaciones y al secreto profesional periodístico) y lo han hecho de forma injustificada porque "había otras alternativas menos lesivas".

Por su parte, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, que no ejercía la acusación, ha asegurado que "Florit no es un delincuente" y que "no existen estos pretendidos delitos tan graves".

Sobre los tres primeros autos que pedían listados de llamadas, geolocalización y datos asociados de los teléfonos de empresas y periodistas, ha señalado que, según la jurisprudencia, dada la "poca lesividad" de que se pidan, puede hacerse incluso por providencia y sin necesidad de motivación.

El abogado defensor del juez Florit, José Zaforteza, ha pedido la absolución del acusado.

La abogada del Estado, Dolores Ripoll, ha negado que el periodista que reclama daños morales y profesionales los haya sufrido y ha rechazado su cuantificación sin ningún informe ni justificante.

 
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