28-02-2020 / 18:21 h EFE

Organizaciones defensoras de los migrantes han reaccionado con indignación a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de crear un departamento encargado específicamente de retirar la ciudadanía a las personas que la hayan obtenido de manera fraudulenta, incluidos terroristas, criminales de guerra, violadores de los derechos humanos y delincuentes sexuales.

La Liga de América Latina Unida (LULAC) expresó hoy su temor a que en esta nueva oficina se usen "nuevos criterios que podrían hacer que miles de estadounidenses pierdan su ciudadanía" y sirva de herramienta al presidente Donald Trump para llevar a cabo "la agenda xenófoba y racista de su Administración".

“A LULAC le disgusta que la Administración (del presidente Donald) Trump cree una oficina para intentar abusar, asustar e intimidar a los latinos y a todos los inmigrantes o refugiados que hayan obtenido la ciudadanía legalmente", aseguró en una declaración el presidente de esa organización, Domingo García.

"No hay duda de que el Gobierno debería revocar la ciudadanía a terroristas convictos, criminales de guerra y delincuentes sexuales", pero a LULAC le preocupa el "posible abuso por parte de elementos racistas en la Administración" de esta nueva oficina.

En su anuncio, el pasado miércoles, el Departamento de Justicia aseguró que esta nueva Sección de Desnaturalización, investigará y planteará en los tribunales la revocación de la ciudadanía "a los terroristas, criminales de guerra, delincuentes sexuales y otros estafadores que obtuvieron ilegalmente la naturalización".

Anteriormente, el gerente de la National Partnership for New Americans (NPNA), Diego Iniguez-Lopez, aseguró en un comunicado que la creación de esta oficina envía un mensaje a los ciudadanos naturalizados para que se sientan "como extraños, amenazando con despojar su estatus de ciudadanía en cualquier momento, incluso décadas después de la naturalización".

Trump ha emprendido una campaña centrada en la ciudadanía, mediante la cual ha dejado de otorgar visados de turismo a extranjeras embarazadas que visitan el país para evitar la naturalización automática del bebé por derecho de nacimiento en territorio estadounidense, e incluso ha planteado la posibilidad de enmendar la ley para que se deje de aplicar esa norma.

 
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