28-02-2020 / 19:00 h EFE

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha dado este viernes luz verde a la aprobación definitiva de la nueva tasa de recogida de residuos, vinculada a partir de ahora al recibo del agua, y ha acordado vender su 15 % de participación en la empresa Serveis Funeraris de Barcelona (SFB).

Estas han sido dos de las medidas más destacadas validadas en la sesión plenaria de este mes: la primera ha salido adelante gracias al apoyo de ERC -que ha pasado de la abstención de diciembre al sí de esta mañana- a la iniciativa del gobierno municipal, mientras la segunda ha aunado a todos los grupos a excepción de JxCat y Cs.

La nueva tasa de recogida de residuos, ha explicado el concejal de Transición Ecológica, Eloi Badia, hace que la política de la ciudad en esta materia sea "más justa" de lo que lo era hasta la fecha.

Vincular la recogida de residuos a la factura del agua es "un cambio de modelo" que sigue "las recomendaciones de la Agencia Catalana de Residuos", ha indicado, si bien ha admitido que la medida -criticada por el grueso de la oposición- puede tener "margen de mejora".

En todo caso es "una herramienta justa que incentiva económicamente" la recogida selectiva de residuos y que provoca que "Barcelona sea corresponsable y constate que el cambio de modelo en la recogida de residuos ya no tiene marcha atrás", ha afirmado.

La capital catalana cuenta con 760.000 hogares con contador doméstico de agua y, de estos, 557.000 -un 73,3% del total- pagarán entre 27 y 51 euros al año, mientras 12.500 estarán exentos por estar en situación de vulnerabilidad.

El pleno ha aceptado asimismo autorizar a la empresa municipal Barcelona Serveis Municipals, SA (B:SM) a convocar la licitación de las 195 acciones que ha conservado de SFB y que representan el 15 % del capital social de la empresa funeraria.

En caso de que la subasta quede desierta, el Ayuntamiento autorizará a B:SM a venderlas a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, accionista privado de SFB, y titular de un derecho de adquisición preferente.

Se trata de un proceso de privatización que ya empezó en 1997, cuando el Ayuntamiento vendió el 51 % de las acciones a Pompas Fúnebres Mediterráneas; en 2011 enajenó otro 36 % de las acciones y firmó un contrato mercantil de opción de venta del 15 % de acciones que conservaba con el accionista privado.

El gobierno municipal justifica su decisión debido a que, según informa, a pesar de que de 2011 a 2018 los beneficios de SFB han sido de 74 millones de euros, B:SM no ha percibido dividendo y, además, los activos se mantienen inmóviles sin revalorización desde 2016.

El consistorio también ha acordado "exigir" a AENA que cualquier proyecto de ampliación de la capacidad aeroportuaria de El Prat "se haga previo análisis de su impacto sobre el medio natural y la biodiversidad del entorno del delta del Llobregat y previo informe favorable de la Unión Europea", una proposición que ha contado con los votos favorables de los grupos que apoyan al gobierno municipal -comunes y PSC-, ERC, JxCat y BxCanvi.

Los votos de ERC, comunes, PSC y JxCat han provocado por otra parte que el Ayuntamiento haya pedido que "con urgencia y determinación" se elabore una norma que regule los precios de los alquileres, prohíba "expulsiones sin causa justificada" y constate "el derecho de negociar de los inquilinos mediante representantes".

Se trata de una proposición impulsada por el Sindicato de Inquilinos a la que en los últimos días ya habían dado luz verde los plenos municipales de L'Hospitalet, Badalona, Terrassa y Granollers, municipios todos ellos de la provincia barcelonesa.

El texto validado apunta en concreto contra el fondo de inversión Azora, cuyas "prácticas abusivas" están sufriendo, denuncia el Sindicato, once fincas -unos 250 vecinos- de las cinco localidades listadas.

Por último, todos los grupos municipales han rubricado una declaración institucional de "apoyo" a los trabajadores de Nissan y han reclamado a la empresa "reafirmar su compromiso con la fábrica en Barcelona" una vez que los empleados ven "en riesgo" su trabajo tras la pérdida paulatina de carga de trabajo en el último año.

 
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