04-03-2020 / 10:31 h EFE

El Gobierno de Filipinas ha levantado el veto a los préstamos y ayuda financiera de los países, sobre todo europeos incluyendo a España, que votaron una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a favor de investigar los abusos de la guerra contra las drogas.

Por orden del presidente filipino, Rodrigo Duterte, la directiva del pasado mes de agosto en la que renunciaba a recibir ayudas de esos 18 países "se levanta con efecto inmediato", según un documento oficial de Presidencia con fecha del 27 de febrero, hecho público este miércoles.

En julio del año pasado, la delegación de Islandia presentó una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que criticaban los abusos de esos derechos en Filipinas, con énfasis en las ejecuciones extrajudiciales en la guerra contra las drogas.

También pedían a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que su oficina hiciera seguimiento de la campaña antinarcóticos para junio de 2020.

La dura campaña antinarcóticos emprendida por Duterte en 2016 acumula unos 27.000 asesinatos, según organizaciones de derechos humanos y la ONU, aunque la policía solo reconoce 7.000 muertos abatidos en redadas policiales que se resistieron al arresto.

La resolución salió adelante con el respaldo de 18 países -entre ellos España, Italia, Reino Unido, Argentina, México, Perú o Uruguay-, el rechazo de 14 y la abstención de 15.

La medida enfadó al gobierno filipino, que acusó a esos países de "arrogantes" y de votar "siguiendo informaciones falsas" y amenazó con "consecuencias de largo alcance".

Pocas semanas después, el presidente Duterte anunció que su país renunciaba a negociar o recibir asistencia financiera de ninguno de los países que votaron a favor de esa resolución.

Según pudo saber Efe, el veto afectó la negociación de nuevos proyectos apoyados por la Agencia de Cooperación Española (AECID), el país europeo que más aporta en Filipinas en ayuda al desarrollo.

La Corte Penal Internacional también anunció en febrero de 2017 la apertura de un examen preliminar sobre las violaciones de derechos en la guerra contra las drogas, a lo que Duterte respondió un mes después anunciando la salida de Filipinas del Tratado de Roma, constitutivo de ese tribunal.

 
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