04-03-2020 / 19:01 h EFE

El juzgado de instrucción 5 de Murcia ha acordado seguir con el procedimiento contra el exconsejero de Agricultura murciano Antonio Cerdá, otros 16 investigados y 8 empresas por prevaricación, fraude, malversación, administración desleal y falsedad continuados con la desalinizadora de Escombreras.

En un auto notificado este martes, la magistrada sobresee provisionalmente las actuaciones contra José Caballero, empleado de la empresa Hidronostrum, sociedad que estuvo en el origen del proyecto, y los socios de la mercantil Hidromanagement Juan Jódar y Juan Martínez.

Han de seguirse las actuaciones contra ambas firmas, Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), Cobra Instalaciones y Servicios, Moncobra, Cobra Gestión de Infraestructuras y Desaladora de Escombreras.

Esta última, junto con Hidronostrum, a través de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia, organismo público autonómico, y en todos los casos como posibles responsables civiles subsidiarios.

También contra el Gobierno de Murcia en su doble condición de perjudicado y responsable civil subsidiario.

Se quiere aclarar si los investigados causaron perjuicio a las arcas públicas regionales al convertir un proyecto privado para construir la planta en otro sustentado por el Gobierno murciano con la creación del Ente Público del Agua (EPA) y sorteando las leyes de Aguas y de Contratos del Sector Público.

Todo comenzó siendo un proyecto puesto en marcha por cinco empresarios murcianos con el nombre de Hidromanagement y la investigación principal quiere esclarecer si el Gobierno había decidido previamente asumirlo y adjudicarlo sin publicidad a empresas del Grupo ACS, para lo que firmaron un contrato en 2006.

El auto recoge que en la documentación aportada por las partes se llega a cifrar el valor de la desalinizadora y sus infraestructuras asociadas en 175 millones de euros, pero en la resolución contractual de junio de 2012 se fijaba en más de 600.

Una de las cláusulas del contrato estipulaba que el Gobierno debería abonar el importe total de la construcción, alquiler y explotación de la planta por 25 años en caso de resolución anticipada del contrato, lo que alcanzaría esos 600 millones.

Según el PSRM, hasta ahora el Ejecutivo ha abonado más de 200 a las empresas del grupo ACS, a los que hay que sumar los más de 30 que tiene previsto pagar durante este año.

Hay constancia de "los contratos suscritos entre la parte pública y privada y la aparentada" y señala los informes de un despacho de abogados como reveladores del "intento de la parte pública, en connivencia con la privada (...) de evitar la aplicación de la normativa de contratación pública fechando contratos, extendiendo actas... según el plan de actuación previamente concebido", dice el auto.

Las auditorías de cuentas, las reclamaciones judiciales, las subvenciones, las aportaciones de capital de los socios y las procedentes del Fondo de Liquidez Económico para el plan de pago a proveedores "eran indiciarios del quebranto económico para las arcas públicas, del exceso de autoridad desplegado en el sector público y de la discordancia entre la información/contabilidad económica facilitada y la reflejada", añade en los alrededor de cien folios.

Según el fiscal, el objetivo al crear el EPA era burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de agua con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por su escasez estructural en la cuenca.

El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.

En las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación cerrada en 2017 en la Asamblea Regional de Murcia, la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) consideró a Cerdá y al entonces presidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, también investigado en una pieza separada de esta causa, "líderes" de una "trama" urdida para sortear la Ley de Aguas y permitir el "pelotazo" urbanístico.

Las acusaciones tienen 30 días para formular acusación y pedir la apertura de juicio oral o el archivo, así como la práctica de diligencias complementarias, concluye el auto, que no es firme, pues cabe contra él recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.

 
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