05-03-2020 / 16:20 h EFE

El juez instructor del caso del "procés", Pablo Llarena, ha confirmado la resolución en la que acordó pedir al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Carles Puigdemont y Toni Comín con el objetivo de continuar con su procedimiento de entrega para que sean juzgados en España por sedición.

Llarena ha desestimado los recursos de reforma que ambos europarlamentarios interpusieron contra el auto en el que acordaba solicitar el suplicatorio a la Eurocámara, comunicar su procesamiento por sedición y mantener las órdenes nacionales y europeas de detención y entrega, si bien estas últimas se encuentran congeladas hasta que se pronuncie el Parlamento.

Rechaza el magistrado todos los argumentos de los recurrentes y recuerda que siguen concurriendo "los elementos de valoración" de los hechos que les imputa y de los que dejó constancia en su auto de procesamiento.

Niega que el suplicatorio se haya cursado "de manera inmotivada" o que persiga una "indebida restricción" de sus derechos políticos.

"Ello no es así", dice Llarena, puesto que lo que busca la suspensión de la inmunidad es "superar las limitaciones" que introdujo la fuga de ambos eurodiputados en 2017 para la continuación de un procedimiento por el que nunca llegaron a sentarse en el banquillo.

Puigdemont y Comín también denunciaron que la petición del suplicatorio era un mecanismo para crear en el Parlamento Europeo la impresión de culpabilidad, argumento que desestima Llarena, que recuerda que la información que se ha remitido a la Cámara persigue su "mejor decisión" en torno a la petición del Supremo.

Según la Directiva del Parlamento Europeo, a la que hace referencia el magistrado, "un ámbito de protección externa de la presunción de inocencia (...) no abarca a los actos judiciales que sean precisos para el desarrollo del procedimiento y que deriven de indicios o pruebas de cargo".

Además, frente a las alegaciones de falta de competencia para pedir el suplicatorio, Llarena aclara que la posición del Poder Judicial español es la de "entenderse plenamente competente" para elevar a la Presidencia del Parlamento Europeo dicha petición.

 
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