09-03-2020 / 16:31 h EFE

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Navarra que desestimó la demanda de protección al honor presentada por Palacio de Arozteguía S.L. contra la exalcaldesa de Valle de Baztán, Garbiñe Elizegi.

La demanda se había presentado por emplear Elizegi las expresiones "pelotazo urbanístico" y "pelotazo especulativo" para referirse al proyecto inmobiliario de dicha empresa.

El Supremo señala que las expresiones de la exalcaldesa estaban amparadas por la libertad de expresión “al enmarcarse en el amplio ámbito de la crítica política ejercida por quien era un cargo público municipal respecto de un tema indudablemente polémico”.

“Prescindiendo de los juicios de intención que hace la sentencia recurrida y atendiendo a la realidad objetiva de tales manifestaciones, ese trasfondo de enfrentamiento por la gestión regional de un asunto urbanístico es el factor determinante de la no ilegitimidad de la crítica incluso en los términos en que se produjo", considera el Supremo.

Para el tribunal, la mera circunstancia de que el proyecto se hubiera aprobado por el Gobierno navarro "no privaba a los detractores del mismo del legítimo derecho a criticar públicamente tal decisión, que consideraban, desde un posicionamiento ideológico opuesto al de quienes lo habían respaldado, como un injustificable desvío de recursos públicos en beneficio, no del interés general, sino de intereses particulares”.

Para el Supremo, el empleo de la expresión "pelotazo" no puede considerarse "desproporcionada" ni "desvinculada de la opinión que se estaba manifestando, pues la crítica fundamentalmente se dirigía al gobierno autonómico (de signo ideológico opuesto al de la alcaldesa y su partido), aun cuando se proyectara necesariamente sobre la mercantil demandante como entidad que iba a beneficiarse económicamente de la actuación urbanística aprobada".

Además, considera que el empleo de la palabra "pelotazo" estaba justificado "por ser una expresión común y habitual en este tipo de manifestaciones políticas, cuando lo que se busca es poner en cuestión la gestión de los asuntos públicos en lenguaje coloquial, entendible por todos los ciudadanos”.

La sentencia recuerda que, en las fechas en que se realizaron las manifestaciones, la demandada era alcaldesa del Ayuntamiento del Valle de Baztán, cuyo término municipal "se encontraba emplazado en terrenos afectados por el proyecto urbanístico promovido por la recurrente, el cual fue posteriormente aprobado por el Gobierno regional".

En consecuencia, agrega, "además de que no se ha cuestionado, era evidente el interés general que para los ciudadanos de dicha localidad tenía conocer en boca de su alcaldesa la postura de abierta oposición al citado proyecto que tenían tanto ella como el ejecutivo municipal y su partido".

"En suma, las manifestaciones de la alcaldesa tenían interés público porque se enmarcaban en el sano y necesario debate político propio de todo sistema plural y democrático entre posicionamientos ideológicos discrepantes en torno a un asunto de indudable relevancia social como la ordenación del territorio”, se indica en la sentencia.

 
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