UGT-A ha considerado un error del gobierno andaluz no haber contado con la parte social en el decreto que suprime trabas empresariales aprobado hoy en Consejo de Gobierno.
En un comunicado el sindicato ha afirmado: "lamentamos tener que decirlo, pero el diálogo social en Andalucía, brilla por su ausencia, a pesar de los intentos del presidente, Juanma Moreno, de ponerlo en marcha. Una vez más, la Junta ha aprobado un decreto, que modifica normativas sustanciales en materia de política social, medioambiental y de derecho público, sin haber si quiera consultado a los órganos pertinentes de participación ciudadana, como el Consejo Económico y Social".
El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley que "modifica y simplifica" veintiuna leyes y seis decretos en un total de cien trámites administrativos, con el objetivo de acabar con la "maraña" de "trabas burocráticas" en la administración para hacerlas más eficientes a empresas, autónomos y emprendedores.
"Desde UGT-A llevamos años, pidiendo al gobierno andaluz (a éste y a los de antes), que simplificara los trámites para agilizar la puesta en marcha de la actividad empresarial", ha indicado el sindicato en la nota, que ha defendido que era necesaria una coordinación eficaz entre administraciones, para poner en marcha una ventanilla única que permitiera al empresario centrarse en producir y ser competitivo, y así atraer inversiones a Andalucía y crear empleo.
Ha precisado que "esto no significa atraer inversiones a costa de nuestro medio ambiente, de abrir la vía a la posibilidad de construir sin control en nuestras costas, de permitir la apertura de nuevos campos de golf en zonas donde ya existe un grave estrés hídrico, o de liberalizar los horarios comerciales, sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ni del comercio tradicional".
Según UGT-A, el decreto Ley aprobado hoy supone el paso hacia un modelo neoliberal que desregulariza normas de control medioambiental, de ordenación del territorio, de gestión del agua, de prevención de riesgos laborales, de derechos de los trabajadores , de privatización de servicios públicos esenciales para la ciudadanía como las radios y televisiones locales.
"Se puede atraer inversión sin necesidad de desregularizarlo todo. La Junta sólo tenía que haber utilizado los órganos consultivos, algunos de obligado cumplimiento, cuyo estudio y valoración son preceptivos por ley, como el Consejo Económico y Social, donde UGT-A está representada junto a los otros agentes sociales", ha señalado el sindicato.
UGT-A ha pedido al gobierno andaluz que no inicie los trámites parlamentarios de este decreto Ley hasta que pase por los órganos de participación legal correspondientes y que, si finalmente entra en el Parlamento, sea reformado, mediante enmiendas, para que no vulnere normativas esenciales que protegen los derechos de trabajadores, consumidores, medio ambiente, servicios públicos, transparencia y de la ciudadanía andaluza.
El sindicato ha concluido que iniciará una ronda de contactos con las formaciones políticas para que introduzcan las enmiendas pertinentes y ha pedido al gobierno andaluz "menos fotos y más voluntad real de diálogo".
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