La Generalitat ha aprobado en su reunión de este martes destinar 22 millones de euros del total de su contratación pública para 2020 a entidades que fomentan la integración de personas discapacitadas y la inserción social de colectivos desfavorecidos.
El gobierno catalán ha afirmado en un comunicado que estas entidades sociales incluyen los Centros Especiales de Trabajo (CET) y las empresas de inserción o las que tengan en su plantilla más de un 30 % de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social.
Esta medida económica, según el ejecutivo autonómico, busca hacer de la contratación pública una herramienta que permita generar ocupación para los colectivos más vulnerables y dar "apoyo institucional indirecto" a la "importante labor" que llevan a cabo estos centros y empresas.
Esta política se enmarca también en la directiva europea de contratación pública del 2014 que tiene como objetivo facilitar el acceso de las entidades sociales de estas características a la contratación pública.
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