10-03-2020 / 15:31 h EFE

La Justicia de Sudáfrica falló este martes a favor del presidente del país, Cyril Ramaphosa, en una causa que estudiaba la validez de un informe elaborado por la Defensora del Pueblo del país que le acusaba de mentir al Parlamento deliberadamente sobre una donación sospechosa de corrupción.

El veredicto fue emitido por los jueces del Tribunal Superior de Pretoria, quienes no solo dieron la razón a Ramaphosa sino que se mostraron muy críticos con la actuación de la Defensora del Pueblo, Busisiwe Mkhwebane.

"Encontramos que no solo cometió errores materiales de instrucción en su aproximación legal, sino que también llegó a conclusiones irracionales e ilegales sobre los hechos", explicó el juez Elias Matojane al leer la decisión.

El dictamen implica el descarte del informe y pone tierra sobre las peticiones de iniciar investigaciones contra Ramaphosa que había lanzado la Defensora del Pueblo.

Supone también un importante balón de oxígeno para la imagen de Ramaphosa, cuya carrera hacia la presidencia sudafricana estuvo basada en gran medida en las promesas de lucha contra la corrupción.

Los hechos estudiados por la Defensora del Pueblo -puesto oficial independiente que vela por el correcto funcionamiento del Estado- se remontan a noviembre de 2018, cuando el presidente fue preguntado en la Asamblea Nacional (Cámara baja) sobre unas transferencias realizadas a un fideicomiso a nombre de su hijo Andile en 2017.

Los fondos procedían de la empresa Bosasa, adjudicataria en el pasado de lucrativos contratos con el Estado y actualmente investigada por graves escándalos de corrupción.

En el momento de las operaciones, Ramaphosa era vicepresidente del Gobierno de Jacob Zuma -forzado a dimitir en febrero de 2018 por numerosos escándalos-, pero ya estaba en plena campaña para alcanzar la presidencia del oficialista Congreso Nacional Africano (CNA).

Las transferencias ascendían a medio millón de rands (unos 36.000 dólares en aquel momento) y, en respuesta a las preguntas de la oposición en el Parlamento, Ramaphosa aseguró que se trataba de un pago legítimo a su hijo por servicios de consultoría.

Días después, el mandatario dio marcha atrás y envió una carta para aclarar que los fondos fueron, en realidad, una donación de campaña de la que no tenía conocimiento y que iba a ser devuelta.

A raíz de eso, la Defensora del Pueblo elaboró el informe en cuestión y pidió emprender investigaciones contra Ramaphosa y su familia, además de iniciar acciones parlamentarias por la presunta mentira deliberada.

Paralelamente, Mkhwebane era blanco de acusaciones de malas prácticas por, presuntamente, buscar hacer "política sucia" al servicio de facciones del oficialismo contrarias a Ramaphosa.

Para limpiar su imagen, el presidente llevó el informe ante la Justicia, argumentando graves errores en la investigación y afirmando que Mkhwebane había sobrepasado el límite de sus funciones.

Los jueces finalmente le dieron hoy la razón al presidente.

 
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