11-03-2020 / 17:52 h EFE

El Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha negado las acusaciones vertidas este miércoles por el grupo municipal de ZeC sobre la devolución de más de 350 ayudas de urgencia solicitadas por familias con dificultades económicas, unas ayudas que se fiscalizan previamente por Intervención para "garantizar" su correcta gestión.

De este modo ha respondido el consejero de Acción Social y Familia, Ángel Lorén, a las informaciones difundidas por la concejala de ZeC, Luisa Broto, sobre estas ayudas para cuya concesión se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento que Broto ha denunciado como "injerencia inadmisible" en las valoraciones profesionales que realizan los trabajadores sociales.

A este respecto, Lorén ha explicado que el este nuevo método se aplica para "ajustar a la legalidad" la concesión de ayudas de urgente de necesidad y que era una necesidad que tanto la Intervención municipal como la Cámara de Cuentas "habían puesto de manifiesto en numerosas ocasiones".

Ha negado así que estas ayudas tengan "consideración de subvenciones" o que se haya visto modificada la forma de solicitud para el usuario y ha añadido que para poner en marcha con la mayor eficacia posible este nuevo procedimiento, se ha reforzado la "colaboración entre el personal de Acción Social y el de Intervención", con el objetivo de minimizar las incidencias y agilizar la gestión.

Hasta ahora, Intervención solo podía realizar esa fiscalización a posteriori, una vez pagadas las ayudas y aunque pudiera alertar de la necesidad de subsanar errores o aclarar conceptos, como la ayuda ya estaba pagada, no era posible solucionar la incidencia o recuperar el dinero de las ayudas que se habían pagado indebidamente.

Desde el Ayuntamiento apuntan asimismo que al reforzar esa colaboración entre Intervención y Acción Social se ha puesto de manifiesto que ambos servicios trabajaban con criterios diferentes a la hora de valorar algunas ayudas, por lo que se trabaja en un documento que unifique los criterios para agilizar la gestión y garantizar la seguridad jurídica.

El nuevo procedimiento puesto en marcha por el Gobierno municipal va a conseguir corregir las deficiencias en la gestión de las ayudas de urgencia, "garantizando que llegan legalmente a sus beneficiarios, que se están tramitando correctamente y cumpliendo la legalidad desde el ayuntamiento y se ofrecen con garantías que antes no tenían".

Lorén ha criticado que ZeC considere una "injerencia" el trabajo de Intervención y que durante años no haya hecho caso a sus recomendaciones y las de la Cámara de Cuentas, al tiempo que ha apuntado que Broto "no ha entendido en cuatro años" los conceptos que se utilizan en el programa las ayudas de urgente necesidad, que "nunca" han sido consideradas "subvenciones", así como que cumplir la ley "no es burocratización".

 
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