18-03-2020 / 13:12 h EFE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a una funcionaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que defraudó un total de 244.526,73 euros falseando 141 declaraciones de la renta.

Un jurado popular iba a enjuiciar este caso, pero la vista oral no se celebrará tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la defensa y la acusada, que también ha sido condenada a cuatro años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación en relación de concurso medial o ideal con un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Además, M.C.T.L. deberá indemnizar al Estado con 244.526,70 euros en concepto de responsabilidad civil, según ha informado a Efe la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El tribunal ha estimado las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión, ya que la mujer reconoció los hechos antes de saber que se había iniciado un procedimiento judicial contra ella y facilitó la investigación.

La encausada era desde 2004 funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, en la especialidad de agentes de la Hacienda Pública, y ejercía sus funciones en un pueblo de la provincia de Sevilla.

La procesada trabajaba todos los años en la campaña del IRPF y una de sus tareas era la de resolver filtros, que es la acción "decisiva" en caso de que, una vez incorporada una declaración al sistema de la Agencia Tributaria, se evidencie una discrepancia entre su contenido y la información facilitada por el contribuyente.

En ese caso, la declaración queda retenida y el funcionario debe realizar las comprobaciones pertinentes antes de resolver y liberar la devolución pertinente o efectuar una liquidación complementaria, mientras que el último paso para realizar las devoluciones es realizado por el responsable de la oficina de forma masiva, sin revisar lo que ha resuelto el funcionario.

La sentencia considera probado que la acusada obtuvo 141 devoluciones "irregulares" desde 2006 hasta enero de 2013, todas correspondientes a declaraciones presentadas por ella misma a nombre de terceros "de su entorno personal (familiares, amigos o conocidos) y sin conocimiento de estos".

Para ello las generó "indebida y fraudulentamente mediante la manipulación" de las aplicaciones informáticas de control y destinó el dinero a tres cuentas bancarias en las que aparece como autorizada.

En la mayoría de los casos, la acusada "incrementó" las retenciones por rendimientos de trabajo o capital inmobiliario para generar un derecho a la devolución, mientras que en otros supuestos presentó declaraciones de personas ya fallecidas o no obligadas a declarar, a lo que se suma que también duplicó declaraciones originales en las que por segunda vez solicitaba la devolución ya abonada.

La incorporación de estas declaraciones "falseadas" al sistema informático de la Agencia Tributaria fue tanto en formato PDF, en cuyo caso "falsificó" las firmas del auténtico declarante, como vía Internet.

La Audiencia añade que "en numerosos casos se evidenciaron las discrepancias" entre las declaraciones presentadas por la encausada y la información facilitada a la Agencia Tributaria por el supuesto pagador, un inconveniente que M.C.T.L. resolvió "utilizando los ordenadores de los compañeros en los momentos en que se ausentaban temporalmente de su puesto", ya que los ordenadores no se bloqueaban hasta unos diez minutos después de su último uso.

Además, cuando presentaba las declaraciones fuera de plazo, la propia investigada anulaba la sanción vía informática.

 
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