25-03-2020 / 20:30 h EFE

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), junto a Ecologistas en Acción y la Plataforma Zona Norte, han criticado este jueves que la Comunidad de Madrid haya aprobado este jueves, en plena crisis sanitaria por el coronavirus, el proyecto Madrid Nuevo Norte, después de un cuarto de siglo de demora en su tramitación.

“¿No podía haber esperado a hacerlo una vez finalizado este periodo de excepción? ¿A qué vienen estas prisas?, explican en un comunicado remitido a EFE.

La Operación Chamartín n"o solo es el plan urbanístico de mayor envergadura" de la capital sino también “el que está rodeado de más irregularidades, escándalos, corruptelas y controversias”.

“Tal vez por esto último –continua la nota- la Comunidad de Madrid, para enorme satisfacción de Distrito Castellana Norte (DCN), el consorcio promotor formado por el BBVA y la Constructora San José, se haya aprestado a aprobarlo en el Consejo de Gobierno de hoy, en un momento en el que el mundo entero está pendiente de la evolución de la pandemia”.

A pesar de su importancia, “el proyecto Madrid Nuevo Norte, que está salpicado por el caso Villarejo de corrupción (que llevó a la imputación del ex presidente de DCN), carece de consenso social”, y la mayoría de asociaciones vecinales de los barrios afectados por la operación lo rechazan, al igual que la FRAVM y Ecologistas en Acción.

Estas dos organizaciones recuerdan que una vez que sea publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, llevarán la operación a los tribunales a través de un contencioso administrativo.

Tal y como indicaron en una nota hecha pública ayer, reiteran su rechazo a la operación por constituir “un despropósito urbanístico que persigue ante todo trasladar suelos públicos a entidades privadas – DCN- por un precio irrisorio, 2.000 millones a pagar en 20 años, comparado con los beneficios que estas van a lograr”.

Concluye el comunicado que la operación asegura “un negocio especulativo a costa del bien común, y contraviene todos los principios de sostenibilidad, inclusión, uso social de los bienes públicos y transparencia en la gestión urbana por parte de las administraciones públicas”.

 
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