26-03-2020 / 13:32 h EFE

La presidenta del grupo de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reclamado al Gobierno que, con el poder que le otorga el decreto sobre el estado de alarma, decrete la prohibición de despedir a trabajadores de las grandes multinacionales que tienen beneficios.

Rodríguez, en un audio difundido por su formación, ha dicho que las soluciones propuestas por los gobiernos a la crisis de 2009 provocaron que solo los autónomos, pymes y trabajadores "pagaran aquel desastre económico mientras las grandes empresas multiplicaron sus beneficios".

"En la crisis económica que se avecina deben ser otros los mecanismos que garanticen que la contribución comienza por aquellos que más tienen", ha recalcado.

La dirigente andaluza ha dicho que grandes empresas con "balances multimillonarios" anuales como Inditex (3.638 millones de beneficio en 2019), Renault (2.900), Ikea (1.817), Iberia (1.715), HyM (1.639), Ryanair (1.020) o Fnac (626 millones) no puedan acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

En su opinión, es hora de que los grandes empresarios que ganan cifras astronómicas "demuestren su responsabilidad con el pueblo asumiendo el pago a sus trabajadores en lugar de recurrir a despidos para que sea el Estado quien afronte las consecuencias".

Esta medida "no implicaría pérdidas" para las grandes empresas, sino una reducción temporal de beneficios durante la crisis sanitaria, ha esgrimido.

Además, Adelante Andalucía ha solicitado que las grandes empresas muestren su compromiso con la sociedad "desde ya" en estos momentos delicados manteniendo los miles de contratos temporales que finalizan el próximo 31 marzo.

Rodríguez cree que los efectos económicos de la crisis del coronavirus tendrán una "fuerte repercusión" en Andalucía debido a la excesiva dependencia del turismo y del sector servicios como principal fuente de ingresos al PIB autonómico.

Esta dependencia -ha dicho- se debe a la "incapacidad e inacción" de los gobiernos andaluces de generar un modelo productivo autóctono y diversificado.

Por ello, exige que el Gobierno y a la Junta adopten medidas de control y vigilancia exhaustivos sobre todos los expedientes de regulación temporal de empleo para que ninguna empresa solvente haga uso de este mecanismo extraordinario para reducir sus plantillas o precarizarlas en la búsqueda de "más beneficios".

 
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