26-03-2020 / 15:41 h EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha advertido este jueves a la Junta que no puede validar la intervención de las residencias porque el Gobierno autonómico ha remitido al Juzgado un borrador de texto legal que aún no ha sido aprobado.

Los magistrados de lo Contencioso sólo pueden actuar cuando hay una resolución administrativa y no pueden intervenir, ni para validar ni para rechazar, ante propuestas. Sólo pueden intervenir si el Ejecutivo autonómico dicta y apruebe la norma, recuerda el Alto Tribunal en una sentencia facilitada por el Gabinete de Prensa del TSJCyL.

De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rechazado la petición de la Junta para que la Justicia autorizara la propuesta de intervenir las residencias de ancianos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, ya que los jueces sólo puede pronunciarse sobre la legalidad de las medidas que afectan a los derechos fundamentales cuando éstas han sido ya aprobadas y no cuando son meras propuestas, como ocurría en este caso en el que, además, se limitaba los derechos de los residentes sanos.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ con sede en Valladolid explican que “la jurisdicción contencioso-administrativa es un jurisdicción revisora de los actos adoptados previamente por la Administración, pero ni puede sustituir a ésta en la toma de decisiones, ni tampoco asesorarla con carácter previo”.

El Tribunal rechaza así el recurso interpuesto por la Administración autonómica contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid que, estando en funciones de guardia, ya desestimó está petición para avalar las medidas incluidas en la propuesta de una Orden de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de fecha 21 de marzo que aún no había sido aprobada por el Ejecutivo regional por considerar que “toda restricción de derechos fundamentales exige una justificación y una concreción de los titulares de los derechos afectados por esa restricción”.

El borrador del documento sin aprobar que se remitió al Juzgado incluía declarar la cuarentena de todas aquellas residencias y centros de personas mayores de la Comunidad de Castilla y León en los que haya residentes con síntomas compatibles con la pandemia COVID-19, pero también establecer restricciones para que quienes no están en dicha situación puedan abandonar tales residencias y centros.

La Sala recuerda que es necesario que “la autoridad administrativa competente acuerde las medidas y, una vez que han sido adoptadas, que se recabe la autorización judicial” y no a la inversa, como se pretendía en este caso.

En su sentencia, los magistrados explican que “esta exigencia es necesaria precisamente para examinar la procedencia de las mismas y poder verificar el juicio de proporcionalidad entre la finalidad que se pretende con su adopción y la intensidad con la que se van a afectar los derechos fundamentales de las personas”, argumento que sostuvo la jueza de guardia.

 
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