27-03-2020 / 19:12 h EFE

Varios juzgados de lo Social de Castilla y León, al menos los de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora, han ordenado este viernes a la Consejería de Sanidad que en el plazo de 24 horas provea a los profesionales sanitarios de material de protección para evitar contagiarse del COVID-19, pero la Junta de Castilla y León ha anunciado su intención de recurrir esta medida.

Todas las resoluciones son consecuencia de la demanda interpuesta por el Sindicato Médico CESM, aunque en el caso de León ha sido el Colegio de Médicos con un contenido similar, han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león (TSJCYL).

Los jueces han estimado estas medidas urgentes al considerar notorio que la falta de protección de estos profesionales supone un riesgo en la salud de toda la ciudadanía.

Entre el material susceptible de aprovisionamiento, los jueces reseñan batas impermeables, mascarillas, equipos de diagnóstico y otros de detección rápida del COVID-19,gafas, pantallas de protección e hisopos.

Los juzgados mencionan también contenedores de residuos para centros hospitalarios, asistenciales y otras dependencias habilitadas para la atención sanitaria.

Tras conocer estas órdenes, la Junta de Castilla y León ha informado de que sus Servicios Jurídicos trabajan ya en los recursos a la decisión de los juzgados.

A través de un comunicado, el Gobierno autonómico ha anunciado su intención de aportar documentación que acredite todas las gestiones para la compra de material que se están llevando a cabo, así como las acciones que en cada provincia se han dispuesto para los centros asistenciales y que tienen como resultado su abastecimiento en el tiempo que dure la crisis.

El Gobierno autonómico entiende que previsiblemente estos requerimientos se efectúan al no conocer todo el trabajo que, "de modo permanente e intenso, está haciendo la Junta para conseguir material y repartirlo, con el objetivo de garantizar que los trabajadores tienen el equipamiento de protección necesario para la realización de su trabajo".

Antes de que se produjera esta reacción en el ámbito jurídico, al ser preguntada en una rueda de prensa por las denuncias de sus compañeros de profesión, ya que es doctora, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se ha mostrado "sorprendida y dolida" por estas acusaciones, porque los mensajes privados que le habían llegado eran de apoyo y ánimo. "El enemigo no es la Consejería sino que se llama coronavirus", ha resumido.

Preguntada por las autorizaciones de las manifestaciones del 8M, Casado ha remitido a las delegaciones del Gobierno como entidad que las autoriza, pero se ha negado a criticar "si se hizo o no se hizo" algo, ya que "criticar a posteriori" resulta "muy fácil", pero no sirve para ayudar a contener el problema de los contagios.

 
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