Los sindicatos ELA y LAB insisten en la necesidad de dotar de Equipos de Protección Individual (EPIs) al personal sociosanitario y trabajadores de ambulancias, un asunto que pueden llevar a los tribunales.
En este sentido ELA afirma en un comunicado que si no se entregan EPIs completos para todas las trabajadoras de los centros sociosanitarios de Navarra analizará emprender las acciones legales oportunas contra las administraciones en el ámbito de su responsabilidad.
Y precisa que desde que empezó la crisis del Coronavirus y siendo el sector sociosanitario de "vulnerabilidad extrema" ha pedido en reiteradas ocasiones que se tomaran las medidas de salud y seguridad para garantizar la correcta atención de residentes y preservar a las trabajadoras, pero "la falta de previsión de las instituciones competentes, unos protocolos escasos" pensados para la falta de material y no para la salud y la no expansión del COVID-19 han llevado a una situación "muy crítica que está repercutiendo de manera muy grave".
ELA denuncia además la situación en el sector de ambulancias, una actividad subcontratada por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y al que le exige que defienda las condiciones de trabajo también de esas personas par las que reclama tiempos de descanso y medidas de seguridad.
"Los profesionales del sector están reclamando que faltan uniformes completos, plásticos para poder forrar la ambulancia y cambiarla cada vez que se lleva un paciente positivo, pantallas protectoras, mascarillas para los pacientes" y "el Gobierno de Navarra de ser quien garantice que las ambulancias tengan todo lo necesario", subraya ELA, que valora la contratación de Técnicos en Emergencias Sanitarias para traslados de personas infectadas aunque reclama que todo el transporte sanitario sea de gestión pública.
ELA considera además prioritario la realización de las pruebas de detección del coronavirus a estos trabajadores sin esperar a que tengan síntomas ya que están altamente expuestos y pueden estar contagiados sin saberlo y contagiar así a pacientes, compañeros y personas con las que tengan contacto fuera de su entorno laboral.
LAB por su parte recuerda en otra nota de prensa que son servicios esenciales, entre otros, el personal sanitario y asistencial, y que en Derechos Sociales hay otros trabajadores que pueden ser imprescindibles, incluso para garantizar el mantenimiento de los servicios mínimos, pero no todos son necesarios, por lo que al hacerles trabajar entiende que "se está poniendo en peligro, sin ninguna necesidad, al personal".
Denuncia asimismo que en los centros residenciales de la ANADP "se sigue sin dotar" al personal de EPIs que garanticen su seguridad y salud ante el COVID-19, "poniendo en riesgo no sólo a la plantilla de las residencias, sino también a sus residentes, que son la población más vulnerable y de más riesgo".
Pide por ello a la gerencia de la ANADP que "reconduzca la situación" porque, "si no lo hace en breve, estamos estudiando la posibilidad de informar a la fiscalía por si se estuviera cometiendo el delito tipificado en el artículo 316 del código penal" relativo a la prevención de riesgos laborales y que recoge penas de hasta tres años de cárcel.
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