02-04-2020 / 17:11 h EFE

ERC denunciará ante la UE y Naciones Unidas lo que considera "amenazas y coacciones" del Tribunal Supremo a los funcionarios de prisiones de Cataluña para que no permitieran a los presos independentistas catalanes quedar confinados en sus domicilios durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

Los políticos independentistas presos seguirán el confinamiento en las prisiones donde cumplen condena, después que las juntas de tratamiento de las cárceles les hayan denegado el permiso para pasar la cuarentena en sus casas, algo que sí han permitido a una quincena de presos de segundo grado que tenían salidas amparadas por el artículo 100.2.

Desde ERC, su coordinador nacional y vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha lamentado en un tuit lo que considera como "amenazas y coacciones" del Tribunal Supremo a los funcionarios de prisiones, a los que se ha intentado "condicionar", afirma, para evitar que "los presos políticos" pudieran pasar el confinamiento en sus casas.

Esto, añade Pere Aragonès, "es inaceptable", y recuerda que Naciones Unidas había recomendado que pudieran estar en sus domicilios ya que "cuántos menos reclusos, menos opciones de contagio por la COVID-19".

En la misma línea, la eurodiputada de ERC Diana Riba se ha referido al mismo hecho en unas declaraciones realizadas mediante un vídeo, en las que recuerda que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los Estados que descongestionaran las cárceles ante la crisis sanitaria.

"Pedía -ha precisado Diana Riba- que aquellos reclusos que no sean peligrosos, y ponía el ejemplo de los presos políticos, hicieran el confinamiento en sus casas, pero en lugar de esto vemos cómo el Tribunal Supremo español ha amenazado a los miembros de las juntas de tratamiento de las cárceles".

Hechos como este, afirma la eurodiputada de ERC, "son inaceptables, irresponsables y antidemocráticos", y ha reprochado que en momentos de crisis sanitaria haya gobiernos y poderes del Estado que utilicen la situación para conquistar competencias y para hacer retroceder derechos".

"Las amenazas a los funcionarios para condicionar sus decisiones técnicas no pueden tener lugar en un régimen democrático, y por tanto, llevaremos el caso ante la Comisión Europea y Naciones Unidas", ha explicado esta misma eurodiputada republicana.

 
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