03-04-2020 / 11:21 h EFE

Las seis organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación del Ministerio de Justicia (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA) han reprobado la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de su presidente, Carlos Lemes, ante la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19.

En un comunicado señalan que "el CGPJ se ha atribuido competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales y ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de justicia".

Advierten de que "la injerencia del CGPJ está poniendo en riesgo la salud de miles de funcionarios de justicia y de la ciudadanía en general, pretendiendo obligar a desplazamientos y presencias innecesarias mientras recomienda a los jueces y magistrados que trabajen desde casa gracias a los equipos informáticos prestados por la Administración y de los que no dispone el resto del personal".

Los sindicatos recuerdan que "el CGPJ aún no se ha disculpado ante los 55.000 empleados públicos de justicia por las descalificaciones vertidas en su comunicado del pasado 19 de marzo en el que se les acusaba de falta de profesionalidad".

"Lamentamos que un órgano constitucional del Estado no se haya dado cuenta del alcance y la gravedad de la emergencia y no esté sabiendo ejercer sus competencias en esta crisis sanitaria en coordinación real y leal con el resto de las administraciones, la Fiscalía y los representantes de los empleados públicos", indican.

Para estas organizaciones los comités de seguimiento COVID-19 creados en el seno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas aprobados por la Comisión Permanente del CGPJ "carecen de competencias para adoptar acuerdos en las materias mencionadas".

Además denuncian "la táctica de sabotaje" empleada por dicha comisión del órgano de gobierno de los jueces "para impedir el cumplimiento de todas las resoluciones del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas en materia de medios materiales y personales de la Administración de justicia".

"Sin ofrecer ningún dato sobre cargas de trabajo el Consejo emite juicios de valor sobre la idoneidad de las dotaciones establecidas por las administraciones competentes en materia de medios personales" en este área, recalcan.

Por todo ello los sindicatos alientan al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencia transferidas en esta materia "para que continúen poniendo freno a esta irresponsabilidad del CGPJ".

"Recordamos a los miembros del CGPJ que la Administración de justicia no son solo ellos, ni siquiera lo son los jueces y magistrados, sino también los 55.000 empleados públicos que hacen posible que todos los días se abran las sedes judiciales y que presencialmente o en disponibilidad garantizan su funcionamiento en esta crisis atendiendo los servicios esenciales", concluyen.

 
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