06-04-2020 / 11:30 h EFE

La carencia de guantes, geles y mascarillas para evitar el contagio del COVID-19 está poniendo al límite a la Abogacía, que tiene que prestar diligencias en espacios muy reducidos donde todavía no ha llegado este material de protección, como son los cuarteles de la Guardia Civil en zonas rurales.

Preservar la integridad física de estos profesionales y garantizar su derecho a la salud es una de las principales preocupaciones de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de La Rioja, desde que se declaró el estado de alarma por el COVID-19, según ha informado a Efe su decano, José María Cid Monreal.

Al declararse el estado de alarma el pasado 14 de marzo, y ante la situación de desabastecimiento que había de este material, el Colegio lo solicitó a la Delegación del Gobierno, Comandancia de la Guardia Civil y Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

La Comisaría de Policía y las dependencias judiciales, ha indicado, disponen ya de este material, además de que son organismos en los que muchas de las diligencias se practican por teléfono y videoconferencia, pero ello no ha sido posible, ha recalcado, en los cuarteles, donde no ha llegado todavía este material y los letrados se las tienen que ingeniar con sus propios medios para evitar contagios.

Ante esta situación de desabastecimiento, el Colegio solicitó un pedido de material para sus colegiados a través del Consejo General de la Abogacía y está a la espera de recibirlo, a fin de procurar este material a los letrados donde lo precisan.

Cid Monreal ha elogiado el "excepcional" comportamiento con que los colegiados de esta institución están respondiendo ante esta situación, a quienes ha transmitido el agradecimiento de la Junta de Gobierno por su disposición y profesionalidad en la prestación de las diligencias "en situaciones tan complicadas".

Actualmente, en los turnos de oficio hay unos doscientos letrados y una veintena se han ofrecido voluntarios como refuerzo para guardias, lo que ha valorado.

Esta es la realidad de la actividad de la Abogacía en el actual estado de alarma, tanto en La Rioja como en el conjunto nacional, donde muchos despachos de letrados han visto reducir su actividad en un noventa por ciento, ha informado.

Conscientes de esta situación, ha añadido, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados decidió condonar el pago de las cuotas de permanencia a sus colegiados, en principio, hasta ver cómo evoluciona la situación del estado de alarma.

Actualmente, según sus datos, los despachos que pueden tener más carga de trabajo son los laboralistas por el aluvión de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y permisos retribuidos que la crisis del COVID-19 está dejando en la actividad económica, además de los abogados que se dedican a causas con presos y asistencias a domicilio.

En su opinión, la moratoria en los alquileres dará lugar también a conflictividad cuando finalice el estado de alarma, así como las consecuencias que se puedan derivar de las medidas del decreto ley que permite que consumidores y usuarios acuerden resolver contratos de compraventa y suministro de servicios, como consecuencia de esta crisis.

Cid Monreal ha recalcado que esta crisis dejará secuelas para toda la ciudadanía, que se verá abocada a recurrir a la vía judicial en muchas situaciones.

La situación, ha añadido, es de "incertidumbre" en el ámbito judicial porque, además, "no se sabe cómo se va a llevar la vuelta a la normalidad, ni cuándo".

Actualmente, "hay asuntos suspendidos en los juzgados" por el estado de alarma, por lo que la vuelta a la práctica cotidiana en el ámbito judicial puede provocar también "un tapón", ha concluido.

 
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