08-04-2020 / 14:53 h EFE

El Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza ha emitido un auto en el que estima parcialmente y con matices el recurso que el Gobierno de Aragón presentó contra la sentencia que estableció la obligación de que el Ejecutivo distribuyera material de protección contra el coronavirus a todos los profesionales sanitarios.

La juez ha emitido un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que impone el mantenimiento de la cautelar del reparto de este material, pero apunta que este reparto deberá cumplirse por parte de la Administración "en la medida en que disponga de forma efectiva de los elementos a que el auto se refiere".

El sindicato médico Fasamet presentó una solicitud al juzgado en el que se reclamaba la entrega, por parte de la DGA, el Salud y el IASS, de equipos de protección individual a los profesionales sanitarios en el plazo de veinticuatro horas.

El 27 de marzo el Juzgado de lo Social número 1 de la capital aragonesa adoptó una medida cautelarísima por la que daba un plazo de 24 horas, aunque la decisión fue recurrida por la comunidad autónoma.

Argumentaba el letrado de la Comunidad la falta de concurrencia relativa a la competencia territorial, la falta de legitimación de Fasamet para reclamar material para todos los empleados públicos sanitarios, y la falta de presupuestos materiales, puesto que "no todos los empleados a que se refiere la medida necesitan de los EPIS".

La jueza, en su auto, estima parcialmente el recurso y acuerda que el reparto de material se limite a los empleados públicos sanitarios o socio-sanitarios, sean funcionarios, estatutarios o laborales, de Atención Primaria (médicos de familia y pediatras), y por lo tanto la medida no afecta a los especialistas, que no están incluidos a los trabajadores del grupo A, subgrupos A1 y A2 a quienes Fasamet representa.

Dice, además, que no se acepta esta pretensión puesto que Fasamet se arroga "una representatividad que no ostenta, al interesar la medida para todos los empleados públicos sanitarios".

Rechaza que, en virtud de la declaración del estado de alarma, la administración autonómica no tenga legitimación para la gestión de la crisis sanitaria, y también que la medida cautelar hubiera debido de presentarse ante el Ministerio de Sanidad, puesto que el real decreto del estado de alarma no despoja de su condición de empleador a la Comunidad autónoma.

Y en la gestión ordinaria, añade la magistrada, cabe incluir la obligación os equipos de protección individual a los empleados, "tal como la propia administración señala que ha venido haciendo hasta donde ha sido materialmente posible", según reza la sentencia.

La jueza reconoce que el Gobierno de Aragón está realizando "arduas gestiones" para obtener los EPI, "aunque los que consigue poner a su disposición no parecen suficientes".

Y por eso establece una "modulación" e impone que el requerimiento se vaya cumpliendo "en la medida en que disponga de tales elementos de forma efectiva" y poniéndolos a disposición en función del nivel de exposición al riesgo.

 
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