09-04-2020 / 13:51 h EFE

La patronal catalana Pimec calcula que más de la mitad de las pymes y autónomos volverán a trabajar después de Semana Santa porque "las preocupaciones económicas y el riesgo de perder clientes es muy fuerte si no se dan argumentos sanitarios suficientes".

Ello pese a que, según ha resaltado el presidente de Pimec, Josep González, en una rueda de prensa telemática, ni el Gobierno ni la Generalitat han dado criterios "claros" sobre cómo se gestionarán o quién suministrará los equipos de protección individual necesarios ni tampoco qué protocolos deben seguir.

"El martes habrá una casuística caótica fruto de la necesidad y la preocupación y esto es un desastre", ha lamentado.

Josep González ha reprochado al Gobierno y a la Generalitat que no se hayan puesto de acuerdo y hayan trasladado a los empresarios "la responsabilidad de decidir" si reactivan su actividad la próxima semana sin ofrecerles una directriz sanitaria "clara".

El empresario ha tachado a ambas administraciones de "irresponsables" por sus posiciones "contradictorias" después de que el Ejecutivo haya abogado por reanudar progresivamente la actividad económica mientras el Govern pide alargar el confinamiento total.

Una disparidad de criterios que, ha dicho, obliga a los empresarios a tomar "decisiones muy difíciles" que les están generando "angustia", "preocupación" e "incertidumbre" porque "a cinco días de volver a trabajar todavía no sabemos cómo se tienen que hacer las cosas".

Asimismo, ha exigido al Ejecutivo "más medidas de choque, más rápidas y más valientes" para dotar de liquidez a pymes y autónomos, una exigencia que ayer trasladó a la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con quien mantuvo una reunión.

"Es una regla clara: a más ayudas, menos cierre de empresas y menos pérdidas de empleos. Si no se entiende esto por parte de los gobiernos, lo tenemos claro", ha destacado.

Este paquete económico debería incluir, según González, una nueva línea de créditos del ICO de 20.000 millones de euros -que ya ha sido anunciada- pero con un límite de intereses del 2 % dado que, en su opinión, un porcentaje más elevado supone un "abuso".

También ha defendido que se anule o aplace el impuesto de sociedades al considerar que "no se puede pagar basándose en el rendimiento del año pasado" dadas las circunstancias actuales, así como el pago fraccionado del IRPF de autónomos o, por lo menos, que se apruebe una moratoria hasta octubre para evitar solicitudes de aplazamientos.

De acuerdo con Pimec, una moratoria en los impuestos del mes de abril supondría en toda España "un ahorro de 12.300 millones de euros", lo que podría contribuir, ha asegurado, a reducir los expedientes de regulación temporal de empleo y las insolvencias: "De lo contrario, hay peligro de que no se paguen los impuestos", ha alertado.

Otra de las reivindicaciones que ha puesto sobre la mesa es que las administraciones hagan frente a sus deudas atrasadas para dotar de liquidez al tejido productivo y que se recupere el denominado criterio de caja para que no sea preciso adelantar el IVA de facturas que todavía no se hayan cobrado.

"Apelamos al sentido de estado y a la responsabilidad", ha resumido González, quien ha apuntado que los nuevos pactos de La Moncloa que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberán abordar "el déficit endémico de España y un gran acuerdo sanitario".

 
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