09-04-2020 / 17:00 h EFE

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha abierto de oficio un expediente para evaluar si ha habido mala praxis o trato de favor en la adquisición y venta de material de protección contra el coronavirus y si algunos "precios abusivos" pueden generar un uso o destino ilegal de fondos públicos.

En un comunicado, este organismo controlado por el Parlament anuncia que ha iniciado una actuación de evaluación previa de verosimilitud para analizar si ha existido mala praxis en la cadena de distribución y venta de material "esencial" de protección ante la COVID-19, a raíz de informaciones sobre los "precios abusivos" de mascarillas, guantes y gel, debido a su escasez.

En el marco de este expediente, que la OAC ha abierto de oficio, también se analizará si este "incremento excepcional" de los precios ha podido generar un "uso o destino ilegal" de fondos públicos o situaciones concurrentes de trato de favor.

Por este motivo, se pretende identificar la existencia de posibles casos concretos susceptibles de ser investigados por parte de Antifraude o identificar procedimientos o prácticas administrativas susceptibles de mejora.

En la actual situación de escasez de recursos disponibles y limitación de derechos como la provocada por el coronavirus, la Oficina Antifraude ve una "prioridad" contribuir a asegurar que la gestión pública responda al interés general "y no esconda ninguna práctica fraudulenta".

Antifraude insiste en su nota en que su objetivo es contribuir a que la gestión pública se haga con "integridad y transparencia" para evitar que la situación de excepcionalidad "fomente la captura del Estado por parte de grupos de interés que están detrás de la cadena de distribución de los productos sanitarios esenciales".

Por este motivo, recuerda que dispone de un buzón abierto para recibir denuncias anónimas, y que sigue activo pese a la crisis sanitaria, sobre uso privilegiado de información, desvío de ayudas públicas a fines ajenos, irregularidades en la contratación pública, arbitrariedades en el acceso desigual a bienes y servicios, favoritismos en la concesión de permisos y tratos de favor por parte de servidores públicos.

 
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