El Colegio de Procuradores de Sevilla (Icpse) ha expresado su "más absoluto rechazo" al grupo de medidas planteadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como plan de choque para que la Administración de Justicia no se colapse cuando se decrete el final del estado de alarma.
Según el Icpse, el centenar de medidas propuestas por la cúpula judicial "en nada soluciona" los problemas derivados de la paralización sufrida a raíz de la pandemia de coronavirus, ya que plantea "muchas reformas legislativas que cercenan y dificultan el acceso de la ciudadanía a la Justicia".
El Colegio opina que legislar ahora "una reforma procesal global de forma precipitada" haría que "se mermasen derechos y garantías procesales de la ciudadanía y con grave perjuicio a los operadores jurídicos".
En un comunicado remitido a Efe, el Icpse afirma que el paquete de medidas "perjudica el Derecho a la tutela judicial efectiva" porque "cierra las puertas de los órganos judiciales" con el fin de evitar un colapso "ya existente con anterioridad" al estado de alarma.
También considera que declarar agosto como hábil sería "especialmente lesivo e inoperante", sobre todo "si se mantiene el derecho a las vacaciones de los funcionarios, letrados de la Administración y jueces", con lo que "se desplazaría la paralización del juzgado al resto de meses" y se vulneraría "el derecho al descanso" de los profesionales jurídicos y los ciudadanos.
En este sentido, el Icpse recalca que mantener ese mes como inhábil "no implica paralización alguna" porque "los servicios esenciales siempre son cumplidos".
En cuanto a la posible obligación para los procuradores de efectuar citaciones, emplazamientos y requerimientos por exigencia del órgano judicial, "en ningún caso puede ser exigida sin ser a solicitud de la parte, previa autorización y acuerdo con el cliente", denuncia el Colegio.
El procurador no puede "operar en el turno de oficio y justicia gratuita", añade el Icpse, que recuerda "los elevados costes" de esa vía y "el peligro personal" de acudir sin asistencia policial "en muchos de estos supuestos, al no ser funcionarios públicos".
El Colegio de Procuradores propone la "reincorporación presencial progresiva" de funcionarios, letrados de la Administración de Justicia y jueces "a puerta cerrada en jornadas de mañana y tarde", así como "la potenciación y habilitación de medios" para el teletrabajo.
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