14-04-2020 / 19:01 h EFE

Los promotores inmobiliarios murcianos han pedido hoy para paliar la crisis de la Covid-19 en su sector el silencio administrativo positivo con los informes de urbanismo y medioambiente para sus obras, la reducción y simplificación de esta normativa y la prórroga un año de las licencias de obra en vigor.

La patronal Apirm pide a las administraciones competentes que se incorpore la figura de la declaración responsable en las tramitaciones en las que sea posible y agilizar reforzando los medios disponibles los plazos para la emisión de informes, incluidos los de tramitación medioambiental, asunto en el que insisten.

En este sentido, solicitan la flexibilización de los usos para poder desarrollar nuevos proyectos, del planeamiento urbanístico, para poder adaptarlo a las circunstancias cambiantes, y de la tipología de las parcelas, con un mecanismo sencillo para la modificación de los planes.

Por eso, instan a que se continúen celebrando plenos y juntas de Gobierno locales para que sigan aprobando planes y expedientes en curso para terminar su tramitación telemáticamente de forma que puedan comenzar rápido las obras, medidas todas ellas sin coste o con uno mínimo para la administración, subrayan.

Tras tener en cuenta que "los impuestos suponen el 26 % del precio de venta" de una casa, señalan que este "sobrecoste está dificultando mucho" que puedan comprarlas jóvenes y clases más desfavorecidas, por lo que proponen rebajas fiscales como las que había en el IRPF (cuentas ahorro vivienda para compra de la primera), la rebaja del IVA al 4 % para esta, como en Italia, y la del impuesto de actos jurídicos documentados para compraventas.

También ayudas directas para la compra y aval estatal para el pago de la entrada a través del ICO y, para el alquiler, suelo público en condiciones ventajosas, deducciones fiscales para arrendadores y arrendatarios y resolver el problema del IVA, pues el que se genera en su construcción no se puede repercutir en el consumidor al tener esta fórmula tratamiento fiscal de prestación de servicios.

Para los propios empresarios piden aplazar el pago del impuesto de obras y otras tasas hasta 3 meses después del fin de la obra, una vez escrituradas las viviendas, y la rebaja a la mitad del primero.

Por último, en el ámbito laboral quieren flexibilizar temporalmente las ordenanzas municipales que imponen limitaciones a obras en festivos, fines de semana y veranos, ampliar las jornadas y facilitar las ocupaciones temporales de la calle con carga y descarga o andamios.

 
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