16-04-2020 / 12:12 h EFE

Las residencias geriátricas más pequeñas de Cataluña, las que tienen menos de 35 internos, se oponen al proyecto de decreto del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de incrementar la ratio de cuidadores, sobre todo en horario nocturno, porque alegan que el precio público que cobran por cada plaza no les alcanza.

Se da la circunstancia de que este grupo de residencias, representadas en la patronal Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), es el que ha sufrido más la epidemia de coronavirus, ya que sus instalaciones no estaban preparadas en la mayoría de los casos para aislar a los mayores contagiados.

En Cataluña hay más de un millar de residencias geriátricas, con unos 64.000 internos, un 65 % de ellas privadas, un 20 % gestionadas por empresas sociales o fundaciones y un 15 % públicas.

El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias está tramitando este proyecto de decreto para incrementar la ratio de personal de atención directa en todas la residencias de mayores (gerocultores, auxiliares, terapeutas, enfermeros, médicos y fisioterapeutas) para subir la ratio de 0,25 a 0,28, lo que obligaría a las residencias a contratar más personal.

Otra medida que contempla el proyecto es exigir que en horario nocturno (de 21 horas a 7 horas) haya un mínimo de dos profesionales para atender a los usuarios, cuando ahora en muchas residencias pequeñas sólo hay uno.

Estas medidas contempladas en el proyecto, que fue publicado el pasado 12 de febrero en el DOGC y que ya ha acabado la fase de alegaciones, afectarían a los centros privados que no forman parte de la red pública, ya que a los geriátricos de la Generalitat ya cumplen esta ratio.

El pasado día 10 de febrero, poco antes de iniciarse la epidemia que se ha cebado en los geriátricos catalanes, donde han fallecido más de 1.900 usuarios, más de la mitad del total de víctimas de la pandemia en esta comunidad, la ACRA presentó sus alegaciones al proyecto en el que se oponía a incrementar la ratio.

El escrito de alegaciones de la patronal, al que ha tenido acceso Efe, esgrime que las residencias tienen "dificultades" para contratar especialistas en gerocultura y enfermería, una "situación que, pese a ser crónica, se ha visto agravada en los últimos años a causa del bajo índice de paro y la competencia de otros sectores, que al estar mejor retribuidos se pueden permitir ofrecer mejores condiciones laborales".

También alega la patronal "las limitaciones salariales propias de un sector mayoritariamente financiado con recurso públicos" y pide que se deje sin efecto el proyecto "si no se acompaña de una revisión proporcional al alza de la retribución de los servicios".

Fuentes de la ACRA consultadas por EFE han explicado que actualmente la Generalitat paga 1.868 euros mensuales por residente en grado III, un precio que no se ha modificado desde el año 2010, y unos 1.700 euros en grado II, tras incrementarse desde los 1.550 euros, con el compromiso del departamento de subir progresivamente a los 1.868 euros también los grados II.

La patronal considera totalmente insuficientes estas cantidades y pone como ejemplo que el gobierno del País Vasco paga más de 2.200 euros por residente en plaza pública concertada.

Además, la patronal también está en contra de que se les obligue a que haya un cuidador en cada sala con ancianos, ya que alega que "limita la libertad de las personas que viven allí para moverse libremente por los diferentes espacios de los centros, porque si es obligatorio que haya presencia física continuada se tenderá a mantener a todos los usuarios en una sala común".

También aducen que "si los usuarios no pueden estar solos, se limita el derecho a la intimidad" y que "limita la atención personalizada y el trabajo por resultados".

La patronal de los geriátricos se opone garantizar la presencia mínima de dos auxiliares de gerontología las 24 horas, cosa que afecta especialmente a las residencias más pequeñas, para las que supondría un coste, según la ACRA, de 18 millones de euros anuales, por lo que "estos centros tendrían que incrementar una media de 200 euros al mes a sus residentes para poder asumir este incremento de personal nocturno".

Igualmente, alega que en un centro con un espacio horizontal con una única persona por la noche es suficiente.

Fuentes del Departamento de Asuntos Sociales consultadas por Efe han defendido que estos incrementos de ratios de cuidadores en los geriátricos son reivindicaciones de familiares y usuarios y han subrayado que la epidemia de coronavirus ha hecho evidente esta necesidad porque ha sido en las residencias más pequeñas, de menos de 35 plazas, donde ha habido más problemas por falta de personal y dificultades para sectorializar y proteger a los usuarios.

 
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