16-04-2020 / 14:03 h EFE

El Juzgado de lo Social 5 de Valladolid ha estimado el recurso presentado por la Junta de Castilla y León, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, referido a la dotación de material de protección a los profesionales sanitarios en la Comunidad para hacer frente al coronavirus.

De este modo, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado, este Juzgado de Valladolid ha revocado el auto dictado el 27 de marzo por el que atendía la petición realizada por el sindicado CESM-CyL en varios juzgados de la Comunidad para que se facilitara con urgencia al personar sanitario el material necesario para luchar contra la pandemia.

En su resolución, la magistrada ha recordado que lo único que se solicitaba es que la Administración demandada pusiera a disposición del personal sanitario en el plazo de 24 horas los elementos de protección que se describían, y "ambas partes convienen en sus escritos que el material sanitario de que disponía ya había sido entregado en la fecha del requerimiento y en cuanto a los pedidos realizados aún no habían sido recibidos”.

De este modo, la magistrada ha entendido que se trata de una medida cautelar que, en los términos en los que se solicita, "resultaba de ejecución imposible", lo que determina que, "desde un punto de vista estrictamente jurídico, y en atención a todo lo alegado ya en fase de recurso, el auto deba ser revocado", ha concluido.

La demanda presentada por este sindicato médico provocó la emisión de autos por varios Juzgados en los que se instaba a la Junta a dotar de material de protección a los sanitarios en un plazo de 24 horas, que provocó que la Junta presentara un recurso en el que alegaba problemas de estocaje con este material de protección.

Asimismo, como explicó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, tras conocerse los autos con medidas cautelarísimas de varios juzgados de la Comunidad, la dotación de material de protección sanitario es una competencia atribuida al Ministerio de Sanidad.

Hasta el momento, este es el primer juzgado que estima el recurso presentado por la Junta de Castilla y León en este sentido, ya que los juzgados de lo Social de León, Segovia, Zamora, Ávila y Soria han resuelto lo contrario y han desestimado las alegaciones presentadas por el Ejecutivo autonómico.

 
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