La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha mantenido este jueves una ronda de reuniones telemáticas de trabajo con representantes de la Administración del Estado, Junta, representantes sindicales, empresarios, cooperativas, opas y sector frutícola, para abordar el decreto-ley que establece medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario.
Esta reunión se ha celebrado con el objetivo de establecer los mecanismos de coordinación precisos para asegurar su correcta aplicación, de manera que se pueda garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos en las actuales y próximas campañas agrícolas.
La Delegación del Gobierno ha recordado en nota de prensa que, de forma extraordinaria y temporal hasta el 30 de junio, aunque le fecha será revisable y podría prorrogarse, el decreto permite la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias.
Así los desempleados contratados podrán seguir cobrando sus prestaciones por desempleo junto al salario que perciban por el trabajo realizado.
En estas medidas de flexibilización no se incluye a los trabajadores afectos por ERTE relacionados con COVID-19 ni a trabajadores autónomos con actividad afectada por la pandemia.
También serán beneficiarios los trabajadores migrantes cuyo permiso finalizaba en la declaración del estado de alarma permitiendo alargar la duración de los mismos, así como jóvenes de terceros países de entre 18 y 21 años que se encuentren en situación regular y menores no acompañados de entre 16 y 18 años.
Las empresas y empleadores deberán comunicar sus necesidades de empleo a los servicios públicos de empleo autonómicos, que las gestionarán para darle cobertura de forma urgente con las personas beneficiarias, dando prioridad a quienes no perciban ningún tipo de subsidio o prestación.
A este respecto, el Servicio Público de Empleo, en el caso de la comunidad extremeña, el SEXPE, ha desarrollado la pertinente instrucción para canalizar el proceso y selección, de la cuál será informado el SEPE para evitar que ningún trabajador pierda la prestación.
La norma aprobada por el Gobierno recoge asimismo, que los empresarios son responsables de dotar a los trabajadores de todas las medidas de protección para evitar los contagios por Covid-19.
El decreto permite a las CCAA ajustar este criterio en función de su estructura territorial y dispersión de población.
Estas medidas pretenden garantizar el normal aprovisionamiento de los mercados; el mantenimiento de la renta de la población que más lo necesite, así como la actividad y sostenibilidad agrarias y mejorar las condiciones sociolaborales de la población, asegurando mejoras en los ingresos para las personas en situación de desempleo.
Todo ello preservando las condiciones de seguridad y reducción de las posibilidades de contagio que exige la situación actual de lucha contra la pandemia del COVID-19.
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