22-04-2020 / 15:31 h EFE

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha comunicado a la jueza que investiga al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por la manifestación del 8M que sí fue alertado del "riesgo inminente" del coronavirus en dos resoluciones de la Dirección General de Salud Pública sobre las medidas sanitarias adoptadas el 6 de marzo.

Según ha adelantado Vozpópuli y han confirmado a Efe fuentes del Gobierno regional, la Comunidad de Madrid ha remitido los documentos a la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, que contradicen las afirmaciones de Delegación del Gobierno de que no habían recibido comunicaciones sanitarias con anterioridad al 14 de marzo.

En dos correos enviados el 7 de marzo a Delegación del Gobierno, un día antes de la manifestación del 8M, se notificaban las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), en las que constaba "el riesgo de carácter inminente para la salud pública" por la expansión de la COVID-19.

Una de ellas hace referencia a la suspensión de las actividades en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid, y que puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno.

La otra resolución remitida a la jueza corresponde a la suspensión de las prácticas de estudiantes en los centros sanitarios, también notificada en su momento a Delegación del Gobierno, en la que se manifiesta "razones objetivas de carácter excepcional y urgente" que aconsejaban tomar esa decisión ante un "riesgo para la salud pública".

Después de que Delegación del Gobierno haya negado ante la jueza que recibiera una comunicación anterior al 14 de marzo, la magistrada pidió este martes de nuevo información acerca de la fecha en la que se enviaron dichas advertencias para confirmar que no fue alertado al respecto.

La magistrada quería saber si recibió las medidas de precaución relacionadas con el brote del virus en la Comunidad de Madrid, emitidas el 6 de marzo por la Consejería de Sanidad, y en qué fecha, ya que en ellas se explicitaba que debían ser puestas en conocimiento de Delegación del Gobierno.

También solicitó que se le remita las recomendaciones, instrucciones u órdenes en relación con el coronavirus que Franco dio en el ejercicio de sus funciones entre el 1 de febrero y el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma, y que aporten antes del día 30 "la primera comunicación, indicación, alerta o noticia que se recibiera por escrito" en la Delegación en relación con el coronavirus.

Toda una batería de solicitudes de información cursada por la magistrada después de que recientemente decidiese acotar la investigación a José Manuel Franco por un presunto delito de prevaricación, retirando el de lesiones imprudentes.

 
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