22-04-2020 / 18:10 h EFE

El Consejo de Cuentas analizará la seguridad informática en la actividad de las entidades locales, los riesgos y su capacidad para establecer los controles de ciberseguridad, tomando como base los siete municipios de Castilla y León que tienen entre 10.000 y 20.000 habitantes.

Esta es una de las dos nuevas auditorías especiales, junto con el análisis de la eficiencia de la gestión recaudatoria en las diputaciones provinciales, que ha aprobado el Pleno del Consejo de Cuentas, reunido a través de una videoconferencia este miércoles, según ha informado en un comunicado.

Se trata de dos nuevas auditorías especiales referidas al sector público local previstas dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones 2020, que integra un total 17 nuevas auditorías.

Según el órgano de control, el primer informe representa una importante novedad ya que se incorpora la auditoría informática a su actividad fiscalizadora.

El objetivo es analizar las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados para la implantación de los controles básicos de ciberseguridad, así como su grado de efectividad, en las entidades locales.

Para esta fiscalización se ha fijado el ámbito subjetivo en los siete municipios de Castilla y León que tienen entre 10.000 y 20.000 habitantes, Astorga, La Bañeza, Villaquilambre, Béjar, Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes y Benavente, al tratarse de ayuntamientos con tamaño suficiente para que se disponga, previsiblemente, de una estructura de TIC con cierta complejidad.

Además, según ha señalado el órgano de control, al ser un número reducido, permite la realización de pruebas y la comprobación in situ de los aspectos que sean precisos.

El Consejo de Cuentas basa la necesidad de este informe en el hecho de que el sector público desarrolla su actividad en un entorno altamente informatizado e interconectado a través de Internet lo que implica riesgos nuevos.

Para gestionar los riesgos asociados a este nuevo entorno, deben ser capaces de establecer los controles básicos de ciberseguridad que permitan proteger los datos y los activos de la organización frente a las amenazas, minimizando su exposición y asegurando la recuperación en caso de que alguna llegara a materializarse.

El segundo informe aprobado este miércoles abordará la gestión recaudatoria en las nueve diputaciones provinciales durante el ejercicio 2019.

Se trata de una fiscalización específica, de carácter operativo, que analizará la gestión recaudatoria que llevan a cabo las distintas diputaciones para los pequeños municipios, evaluando su alcance, eficacia y coste para estos.

El Consejo de Cuentas ha recordado que la Ley de Bases del Régimen Local establece, como una de las competencias propias de las diputaciones, la asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

 
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