25-04-2020 / 10:30 h EFE

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de una empresa contra la sentencia de un juzgado que declaró nula la ampliación de capital acordada por sus dos administradores solidarios por no haber atendido la petición de un tercer socio de requerir la presencia de un notario en la junta.

La sentencia señala que en febrero de 2019 el juzgado de lo mercantil número 1 de Murcia ordenó también la cancelación de la inscripción de los acuerdos impugnados y la nulidad de las decisiones que tuvieran su origen en ello, con imposición de las costas a la parte demandada.

Señala la Audiencia que la sociedad agrícola fue constituida en diciembre de 2008 y que cada uno de los tres socios fundadores contaba con el 33,33 por ciento del capital.

En junio de 2017, el demandante fue convocado a una junta general con la propuesta de ampliación del capital en 500.000 euros y en respuesta pidió a los dos administradores solidarios que requirieran la presencia de un notario en la reunión para levantar acta, así como determinada documentación.

Llegada la fecha de celebración de la junta, comprobó que su petición no había sido atendida y se marchó, lo que no fue obstáculo para que los administradores solidarios aprobaran la ampliación y la modificación de los estatutos de la sociedad.

Ahora, la Audiencia dice que la junta fue ilegal y añade que "lo que resulta inadmisible, por abusivo, es que los otros dos socios, enfrentados con el disidente, y una vez ausentado este por causa totalmente justificada, decidieran celebrar la reunión social en todo caso, sin la asistencia notarial, que era preceptiva".

Agrega que todo socio poseedor de más de un 5 % del capital puede pedir a los administradores que requieran la presencia de un notario, ya que lo que no permite la ley es que el socio acuda con ese profesional.

La sentencia recoge que hay otros dos procesos civiles pendientes y unas diligencias previas abiertas en un juzgado de Molina de Segura por la querella presentada por ese socio, que acusa por los presuntos delitos de administración desleal y falsedad documental a los administradores.

 
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