28-04-2020 / 17:40 h EFE

El Juzgado de lo Social de Eibar ha desestimado la denuncia interpuesta por el sindicato ELA contra la Diputación de Gipuzkoa y las residencia Iturbide de Arrasate por presunta vulneración "del derecho a la salud, la vida e integridad física" de las trabajadoras de este centro afectado por el COVID-19.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, este juzgado sostiene que tanto la institución foral como la empresa gestora de la residencia proporcionaron "en todo momento" a las trabajadoras la información, formación y material de protección "exigibles" que "estaban a su alcance" ante la pandemia del COVID-19.

Esta es la tercera ocasión en la que la Justicia rechaza las pretensiones de ELA, después de que la semana pasada dos juzgados de San Sebastián desestimaran otras dos demandas similares interpuestas por el sindicato contra la Diputación de Gipuzkoa y las residencias Iurreamendi de Tolosa y San José de Ordizia.

Ahora, en el caso del centro Iturbide de Arrasate, el citado juzgado de Eibar sostiene que la Diputación y la empresa que gestiona la residencia proporcionaron a las trabajadoras el material "exigible" que estaba a su "alcance" en "el complejo escenario que se les manifestaba, debiendo poner en práctica multitud normas, disposiciones y órdenes cambiantes y contando con un escaso volumen de medios sanitarios".

La resolución recalca además que la empresa "ha seguido las recomendaciones existentes para cada caso, teniendo en cuenta que, a pesar de la escasez de material, siempre han dispuesto de batas, guantes..." y ha llevado a cabo "su distribución a criterio de la dirección del centro", todo ello "incluso con carácter previo a la declaración del estado de alarma".

"Las demandadas han llevado a cabo una actuación permanente, continua y lo más diligente posible, tanto en el cumplimiento de la extensa normativa existente, como en el de proporcionar a sus trabajadores la información, formación y medios de protección en el desempeño de su trabajo, en la medida de lo permitido por el caos ocasionado por la pandemia mundial que estamos padeciendo", recalca el escrito judicial.

"En este contexto -prosigue- la gestión realizada -por la Diputación y la empresa- se estima adecuada en base a criterios de exigibilidad, por lo que ha de concluirse que no ha existido en el presente caso la vulneración de derechos fundamentales alegados" por el sindicato ELA, cuya demanda es por ello desestimada.

Esa sentencia no es firme, ya que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un plazo de cinco días.

 
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