28-04-2020 / 20:40 h EFE

id, 28 abr (EFECOM).- El Gobierno ha aprobado este martes ampliar la moratoria para que las empresas insolventes declaren concurso de acreedores hasta el próximo 31 de diciembre, a fin de hacer frente al "previsible incremento" de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil.

Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas desde el Estado de Alarma, según figura en el decreto-ley de medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras la covid-19 al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros.

El paquete de medidas recupera además la figura del reconvenio, de modo que durante el año siguiente a la declaración del Estado de Alarma, la empresa o autónomo podrá presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de incumplimiento.

Se aplaza también durante un año el deber del deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda cumplir, siempre que presente una propuesta de modificación.

Por su parte, el real decreto permite a quienes tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado presentar una propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año desde la anterior.

Para el Gobierno, estas medidas buscan, en primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas y autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo sus obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo extrajudicial o de refinanciación.

Asimismo, pretenden "potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez, y evitar el colapso de los juzgados de lo Mercantil debido a la gran afluencia de casos que se espera" tras la reactivación.

Mención aparte dedica el documento a las impugnaciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): permite que los que no alcancen los umbrales del despido colectivo (en particular, en el ámbito de las pymes) se puedan regir "por un proceso más simple y rápido" como es el del conflicto colectivo.

De igual modo, el real decreto da preferencia a cuatro tipos de actuaciones judiciales, entre las que se encuentran los casos en los que la entidad financiera o un arrendador no reconozca la moratoria de las cuotas hipotecarias o del alquiler, los recursos contencioso-administrativos por la denegación de ayudas para paliar los efectos económicos de la pandemia, y los asuntos laborales.

Además de los despidos o extinciones de contratos de trabajo, la prioridad se aplicará en los procedimientos que tengan como objeto la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido establecido durante la crisis.

 
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