01-05-2020 / 15:10 h EFE

La diputada de Compromís y portavoz de Derechos Humanos en Les Corts, Cristina Rodríguez, ha reclamado al Gobierno central que "estudie la posibilidad de ceder el uso del CIE de Zapadores de València como espacio sociosanitario, como en otras ocasiones se ha hecho con otras dotaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Cristina Rodriguez ha señalado en un comunicado que este es el caso, por ejemplo, del antiguo cuartel de Mislata, que se reconvertirá en residencia pública y centro de día para personas mayores y gestionará la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.".

"En un tiempo donde ha quedado patente más que nunca la importancia de la sanidad pública y universal, esta reconversión de uso ayudaría a mejorar y esponjar unas infraestructuras sociosanitarias que deben poder responder a una pandemia sin precedentes en nuestro país. Este equipamiento serviría para responder con más recursos al plan de reconstrucción post pandemia", ha sugerido Rodríguez al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Junto con esta reclamación, Rodríguez ha registrado una proposición no de ley para su debate en Las Cortes Valencianas en la que se insta al Gobierno central a hacer una regularización "sin condiciones de todas las personas migrantes que se encontraban de forma irregular dentro del Estado español con fecha 14 de marzo de 2020, día de entrada en vigor del Real decreto del estado de alarma".

En este sentido, recuerda que "no sería la primera vez que el Gobierno de España haría una regularización como ésta, existiendo precedentes con Ejecutivos de diferentes signo político en las últimas dos décadas pasadas, y una pandemia global es motivo más que suficiente para hacerla ahora, sin más dilación".

La propuesta de Compromís urge también a "revocar todas las órdenes de expulsión en vigor, por razones humanitarias y por responsabilidad con la preservación de la salud pública hacia países terceros".

También solicita renovar de manera automática todos los permisos de residencia y de trabajo pendientes de tramitación y paralizados como consecuencia del estado de alarma "o prorrogar de manera automática todos los permisos de residencia y trabajo al menos hasta que se cumpla un año natural de la fecha en que entre en vigor la finalización del estado de alarma", entre otras medidas para "hacer efectiva la atención sanitaria universal a todas las personas en riesgo de exclusión, sin importar su lugar de nacimiento, que viven en España".

 
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