04-05-2020 / 10:41 h EFE

Castilla y León se ha visto sacudida en las últimas semanas por una elevada incidencia del coronavirus, con más de 21.000 contagiados y más de 2.500 fallecidos, y ahora afronta la desescalada con la prudencia como referente y con apelaciones constantes a la distancia social y la higiene por parte de su consejera de Sanidad, Verónica Casado.

El Gobierno autonómico ha vinculado el elevado número de contagios con la vecindad del principal foco de COVID-19, la Comunidad de Madrid, mientras que el envejecimiento poblacional de este territorio ha contribuido a que el impacto en forma de fallecimientos vinculados al coronavirus haya aumentado.

El sistema sanitario de Castilla y León, centrado casi en exclusiva en frenar los efectos de la pandemia, ha resistido con dificultad en los peores momentos de la crisis, hace ahora un mes, y ha necesitado de contratación extra de personal y la extensión de las Unidades de Cuidados Intensivos para afrontar el incremento exponencial de hospitalizados graves, pero con el foco también puesto en más de 1.200 residencias de ancianos y discapacitados de esta Comunidad.

El tope de ingresados fue alcanzado el 2 de abril, con 2.358 pacientes de COVID en planta y con hasta 353 en las UCI, pero la gravedad de esta situación fue mayor en los hospitales más pequeños, como los de Segovia y Soria, dos de las provincias que peor situación han vivido en las últimas semanas.

Costó que Segovia dispusiera de un hospital de campaña levantado por el Ejército y que alivió la asistencia en los momentos más delicados, al igual que otras instalaciones provisionales como la ubicada en Aranda de Duero (Burgos) y la Feria de Muestras de Valladolid, que finalmente tuvieron que atender a pocos pacientes, pero que quedarán engrasadas para potenciales repuntes de otoño.

La situación actualmente parece controlada en todos los hospitales 'ampliados' de la Comunidad, aunque la Junta de Castilla y León apela constantemente a la prudencia para evitar un rebrote que sería "un horror", en palabras de la consejera de Sanidad, que ha emergido en la gestión de esta crisis como una política humanizada por las lágrimas que derramó en las Cortes al poner nombre a sus compañeros médicos fallecidos tras infectarse de coronavirus.

La de Casado rota de dolor ha sido una de las imágenes de la crisis en Castilla y León, como también lo han sido las residencias de ancianos, ya que el 53,6 por ciento de los fallecidos en Castilla y León con COVID confirmado eran usuarios de estos centros, pero el porcentaje se eleva al 68 por ciento si se tienen en cuenta las 1.082 muertes que estima la Consejería de Familia como posibles casos por sus síntomas, pero que no han podido ser confirmadas por test.

No obstante, la Junta de Castilla y León ha esgrimido otro dato que llama a la esperanza en el sector de las residencias, ya que el 73 por ciento de estos centros está "limpio" de coronavirus, lo que no ha evitado que la Comunidad emprenda un camino de revisión y reconversión del modelo asistencial en lo que coinciden todos los partidos, aunque por las visiones de unos y otros partidos no tendrá fácil llegar a un punto de consenso.

Con este panorama, la Comunidad se presenta en los inicios del proceso de desescalada con una actitud de reivindicación de las particularidades de este territorio, más rural que urbano, y con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su vicepresidente, Francisco Igea, como miembro del comité autonómico para la desescalada, demandando un trato diferente para los pequeños municipios, para que además de representar a la España vaciada no sean también la "España confinada".

"El mundo rural no debe seguir confinado", ha llegado a decir el presidente autonómico, convencido de que debe rebajarse el ámbito territorial para la desescalada, del provincial al de las zonas básicas de salud, para que los pequeños municipios sin contagios en los últimos 14 días no se vean perjudicados por los datos urbanos.

La prudencia en el ámbito sanitario respecto al coronavirus ha contrastado con las reivindicaciones de la Junta de Castilla y León para que los hosteleros tengan menores restricciones de aforo, en una Comunidad en la que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han alcanzado a casi 185.000 trabajadores que han visto su contrato suspendido por esta crisis.

De hecho, el consejero de Empleo, Germán Barrios, cifró en unas 350.000 personas que actualmente están "inactivos" en términos de mercado laboral, al sumar los 156.416 demandantes de empleo y estos afectados por ERTE: todo un "tsunami" para una Comunidad que encaraba la legislatura con la pretensión y el compromiso electoral de conseguir el pleno empleo, lo que ahora será inalcanzable de cumplirse todos los estudios económicos.

 
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