04-05-2020 / 14:30 h EFE

Las medidas de confinamiento por la pandemia han retrasado algunas de las medidas de mejora previstas tras la explosión mortal de la planta química Iqoxe del pasado 14 de enero, según el informe final de la Mesa de evalución y seguimiento del accidente.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha informado personalmente a las instituciones de Tarragona en una reunión telemática sobre las conclusiones de la Mesa, expuestas en 23 páginas.

El informe confirma que, desde el 2017, a Inspección de Trabajo no le consta ninguna denuncia contra Iqoxe por falta de medidas de seguridad y salud laboral, pero sí cuatro expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral y condiciones laborales.

Los dos expedientes abiertos tras la explosión siguen en fase de investigación, sin fecha de cierre hasta que no se levante el secreto de sumario de la investigación judicial penal por las tres muertes causadas por la explosión.

Empresa anuncia que no autorizará la puesta en marcha de Iqoxe hasta que no justifique que cumple las condiciones de seguridad que le han impuesto.

El informe también propone más inspectores de trabajo solo para la petroquímica y pedir al Parlamento Europeo la constitución de un grupo de trabajo internacional con sede en Tarragona, formado por expertos sobre seguridad en complejos petroquímicos.

Por otra parte, el informe recoge que estaba previsto para el primer trimestre de este año crear una Comisión de Seguridad y Salud Laboral del complejo petroquímico de Tarragona, que sigue pendiente.

La mayoría de medidas se centran, tal como ya estaba anunciado, en el retorno de la gestión del plan de emergencias químicas (PLASEQTA 2020) a Tarragona -al edificio 112, situado en Reus- y en la mejora de este, con una inversión de 7 millones en 4 años.

Además, los 29 municipios afectados por el PLASEQTA 2020 tendrán un papel relevante a la hora de decidir activar o no las sirenas de alarma y el confinamiento de la población.

Para los protocolos de activación de las sirenas y acciones de sensibilización, se destinarán 164.000 euros al año.

También se marca el objetivo de incorporar barreras de sensores químicos para detectar de forma anticipada y autónoma los avisos de las industrias químicas -sobre todo si son nubes tóxicas- y drones de última generación.

Además, se mejorará sustancialmente la información a la población, uno de los aspectos más criticados en la gestión de la explosión de Iqoxe y, a largo plazo, se prevé un sistema de avisos directos por SMS o por correo electrónico en tiempo real.

Respecto a los servicios médicos, se prevé incorporar personal especializado de forma permanente, con un presupuesto de 450.000 euros, que puede entrar en servicio dos meses después de su aprobación, igual que el refuerzo de recursos materiales.

Finalmente, el segundo semestre de este año está previsto reforzar con recursos materiales y humanos la gestión del impacto sobre el medio ambiente, con modelos de simulación y mejoras en la Red de vigilancia de la calidad del aire.

 
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