04-05-2020 / 15:11 h EFE

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha defendido este lunes la necesidad de activar "un sistema de protección pública para los sectores del comercio, la restauración y el turismo" hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus.

En declaraciones al programa "Aquí, amb Josep Cuní", de la cadena Ser, el también conseller de Economía de la Generalitat ha asegurado que la recuperación de la economía catalana tras la pandemia deberá incluir "un sistema de protección y ayudas a los sectores del comercio, la restauración y el turismo", que a su entender son "los más afectados" por los cambios de comportamiento derivados de la pandemia.

A juicio del conseller, este sistema de protección debería alargarse entre 12 y 18 meses, tanto como tarde en estar disponible la vacuna contra la COVID-19.

En esta línea, el conseller ha recordado que la Generalitat apuesta por facilitar liquidez al tejido empresarial catalán, y ha recordado los 1.000 millones en préstamos anunciados a mediados de marzo gracias a la colaboración entre el ICF, Avalis y la banca.

De estos 1.000 millones, 700 corresponden a préstamos de entidades bancarias -de hasta 2,5 millones- avalados en un máximo del 80 % por el ICF, y otros 300 millones a préstamos de hasta 1 millón de euros con el aval en un 100 % de Avalis.

El ICF ha precisado en una nota este lunes que la línea de 700 millones, denominada "ICF Crèdit COVID-19", está activa "desde la semana pasada".

Además de estas soluciones, el ICF ha puesto en marcha una nueva línea de créditos, llamada ICF Eurocrèdit COVID-19, dotada con 70 millones y financiada con fondos FEDER.

El conseller ha insistido hoy que en la línea de avales puestos en marcha por el Govern se ha fijado un tope máximo de tipos de interés que pueden exigir los bancos, así como la prohibición de vincular estos préstamos a la contratación de otros productos financieros, asegura una nota del Govern que recoge esas declaraciones de Aragonès.

Por otra parte, el vicepresidente ha insistido este lunes en denunciar que el estado de alarma ha provocado una "recentralización de competencias que ahora ya no tiene ningún tipo de sentido", y que "ha llegado el momento de que esto se gestione de manera diferente".

 
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