12-05-2020 / 17:32 h EFE

l 46 % de las organizaciones sociales de Euskadi han tenido que suspender su atención presencial por la COVID-19 y el 83 % han reconvertido sus servicios a un formato online y telefónico para hacer frente a las necesidades derivadas del confinamiento de sus usuarios, que han visto acentuada la "brecha digital" y su mala situación económica.

Estas son algunas de las conclusiones del informe realizado por el Observatorio vasco del Tercer Sector Social, que se ha dado a conocer este martes en la Mesa de Diálogo Civil, reunida bajo la presidencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, y a la que ha acudido también la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

De este estudio se desprende que el 83,2 % de las organizaciones sociales que trabajan en el País Vasco con los colectivos más desfavorecidos se ha enfrentado a una modificación o reorientación de servicios y actividades por la crisis sanitaria y un 81 % ha visto como algunas de ellas se han que tenido que cancelar o suspender.

Además, casi la mitad (46 %) ha tenido que cerrar servicios de atención directa, pero un 38 % ha apostado por incorporar nuevas actividades para dar respuesta a las necesidades emergentes y el 80 % se ha pasado al formato digital y al acompañamiento telefónico.

En este sentido, el confinamiento ha tenido una importante afección en la asistencia a personas vulnerables o en riesgo de exclusión, que se ha traducido en la clausura tanto de actividades presenciales formativas y de integración social, como de excursiones para personas con discapacidad, del refuerzo escolar para la infancia vulnerable, de clases de castellano para migrantes y de talleres grupales en pisos con personas con enfermedad mental, entre otras muchas.

El 70 % de las organizaciones afirma que las personas que atienden sufren problemas psicológicos sobrevenidos o agravados por el confinamiento, como conflictividad, desatención, pérdida de referentes, aumento de situaciones de violencia y desánimo.

Además, el 66,3 % percibe que sus usuarios sufren problemas relacionados con la "brecha digital" por no disponer de ordenador o conexión a internet, o por carecer de habilidades relacionadas con la alfabetización digital.

El 64,1 % indica que sus destinatarios se enfrentan a la falta de recursos económicos, que prevén que continúe los próximos meses, y la mitad de las entidades sociales también denuncia que la falta de material sanitario es una de sus preocupaciones y el 63 % cree que hay incertidumbre sobre su financiación futura.

Ante esta realidad, el lehendakari ha destacado "la capacidad de adaptación" de las entidades del tercer sector ya que las redes sociales de apoyo están "muy consolidadas, implicadas y se reinventan a sí mismas".

Ha planteado que "las necesidades pueden resultar infinitas y toda política social va a tener carencias" y ha subrayado que "la gestión tiene que ser sostenible".

Por su parte, Artolazabal ha apostado por potenciar la "epidemia imparable de la solidaridad y del reconocimiento social de quienes luchan a brazo partido contra la exclusión y en favor de las personas más vulnerables".

"Solidaridad y colaboración público-social como vacunas contra las desigualdades. Tratamiento colaborativo y en red, tras un preciso y rápido diagnóstico compartido", ha indicado.

Finalmente, el presidente de la Mesa de Diálogo Civil, Pablo González, ha advertido de que "las personas en situación de vulnerabilidad son hoy doblemente vulnerables", al tiempo que ha subrayado la necesidad de "articular una respuesta solidaria que impulse y favorezca el mantenimiento de los vínculos sociales".

"Aunque todavía seguimos en un contexto de agitación e incertidumbre hay esperanza. El tercer sector social tiene sobrada experiencia en trabajar en entornos desafiantes", ha concluido González.

El tercer sector social de Euskadi cuenta con casi 4.000 organizaciones, canaliza la participación de 160.000 voluntarios y de 40.000 personas remuneradas. En 2018, último año del que se dispone de datos económicos, gestionó un volumen económico de 1.736 millones de euros, equivalente al 2,3% del PIB vasco.

 
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