19-05-2020 / 13:41 h EFE

La Sindicatura de Comptes fiscalizará este año las ayudas aprobadas por la Generalitat a personas trabajadoras con rentas bajas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) como consecuencia de la COVID-19, para verificar que se han concedido cumpliendo la normativa reguladora.

Es la primera vez que la Generalitat "procesa unas ayudas tan masivas en tan poco tiempo y sin fiscalización previa", señala la Sindicatura, que ha decidido ampliar su Programa Anual de Actuación 2020 para incluir la realización de este informe de fiscalización y adaptarse así a las circunstancias actuales.

Las ayudas que serán fiscalizadas por la Sindicatura -reguladas mediante el decreto ley 3/2020, de 10 de abril, y el decreto 54/2020, de 24 de abril, de la Generalitat- se otorgarán por concesión directa, y para recibirlas deben cumplirse una serie de requisitos establecidos en estas disposiciones.

El decreto ley fija un importe máximo de 30 millones de euros para este tipo de ayudas, y el importe asignado a cada beneficiario es de 150 euros, por los beneficiarios serán máximo de 200.000.

Ante "el riesgo que conlleva esta situación de urgencia", la Sindicatura de Comptes ha decidido "actuar con rapidez para fiscalizar la gestión de las ayudas, a fin de permitir acreditar la transparencia y el cumplimiento de las normas, así como asegurar un alto nivel de rendición de cuentas por parte de la Administración", según un comunicado de la institución.

Pese a que se ha eliminado la fiscalización previa, la Intervención General de la Generalitat ha incluido estas ayudas dentro de sus planes de control financiero, y la Sindicatura de Comptes colaborará en materia de auditoría de sistemas, ya que toda la gestión se realizará fundamentalmente mediante cruces de bases de datos tanto de la Generalitat como del SEPE estatal.

De esta forma, gran parte de este trabajo de fiscalización se realizará mediante la aplicación de técnicas propias de la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información (UASI) de la Sindicatura de Comptes, la cual coordinará su labor con la Intervención General de la Generalitat "por el bien de la correcta gestión de los recursos públicos".

 
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