19-05-2020 / 18:00 h EFE

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Pilar Abel contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 11, -que desestimó su demanda de paternidad para ser reconocida como hija de Salvador Dalí- que cuestionaba la cadena de custodia de los restos mortales del genio.

La Fundación Gala-Salvador Dalí ha informado este martes en un comunicado de la sentencia, de 18 de mayo de 2020, de la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid, que desestima el recurso presentado por Abel y le condena a pagar las costas.

Abel interpuso demanda de paternidad en 2015, tramitada por el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid y los restos del artista fueron exhumados por orden del juez el 20 de julio de 2017 de la cripta del Teatro-Museo de Figueres (Girona), donde está enterrado.

Expertos del Instituto Nacional de Toxicología (INT), tras cotejar las muestras recogidas del pintor con muestras de saliva de la mujer, concluyeron que "los resultados obtenidos permiten excluir a Salvador Dalí como padre biológico de Pilar Abel" y el juzgado falló que Pilar Abel no es hija del artista ampurdanés.

El letrado de Abel, Enrique Blánquez, recurrió pidiendo la nulidad de las actuaciones por no disponer del documento que acredita la cadena de custodia de cómo los restos llegaron y a través de quien desde Figueres a Barcelona y Madrid.

Ahora, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e insiste que parece que “la recurrente, una vez conocido el resultado contrario a sus intereses, cuestiona la obtención de las muestras o el quebrantamiento de la cadena de custodia”.

“Parece que los recurrentes pretendan ahora, una vez conocido el resultado, introducir todo tipo de sospechas en relación a las formas en que ese informe se ha llevado a cabo, aun en los términos más insostenibles desde el punto de vista procesal”, sostiene la resolución.

Prosigue indicando que “sólo asumiendo una dolosa manipulación de las muestras o los resultados por parte del INT se podría llegar a las conclusiones que ese informe contiene, según las alegaciones de los recurrentes”, y afirma que “cualquier cuestionamiento sobre la obtención de muestras o cadenas de custodia no tiene amparo alguno”.

Según la sentencia, este “cuestionamiento” no está destinado más que a “introducir sospechas sobre el quehacer de quienes trabajan en un Instituto público de reconocido prestigio y en el que todos estuvieron conformes que era el más idóneo para elaborar el informe con plenas garantías de objetividad y capacidad”.

Descartada totalmente cualquier sombra de duda sobre el resultado de la prueba biológica, resulta innecesaria, tal y como la sentencia recurrida argumenta, cualquier ulterior valoración de los medios probatorios.

Concluye la sentencia que “ahora es gratuito, injustificado y carente de razón de ser dudar de la cadena de custodia en laboratorio, contrastado con absolutas garantías de objetividad e imparcialidad, no cuestionado en momento previo alguno, sin otro fundamento, como se dijo y ahora reitera, que el de no resultar favorable el informe emitido a los intereses de la parte”.

Por su parte, Pilar Abel se muestra disconforme con esta sentencia por que “en el juicio no se presentaron los justificantes de la cadena de custodia, ni de Madrid ni de Barcelona, ni se presentaron los testigos”, y asegura que piensa recurrir al Tribunal Supremo por que está en su derecho.

“Lo hago por mi, por mi y por la palabra de mi madre y pienso continuar mi lucha hasta el final”, ha sostenido Abel.

Para el abogado de Abel, Enrique Blanquez, “en este caso no se ha sido muy escrupuloso”, teniendo en cuenta que pidió por escrito la documentación referente a la cadena de custodia 10 días antes del juicio y que en la vista oral lo volvió a pedir en las cuestiones previas, a la vez que solicitaba la suspensión del juicio hasta no tener este documento, sin obtener ningún resultado.

En este sentido destaca: “No es un documento que me invente yo, es un documento que debe existir, según la orden de 8 de noviembre de 1996, tanto en este caso como en otros como en casos de operaciones de custodia droga”.

 
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