20-05-2020 / 15:01 h EFE

El gobierno alemán anunció este miércoles una serie de reformas para el sector cárnico después de que cientos de infecciones de la covid-19 entre los trabajadores de esta industria dejaran en evidencia irregularidades en el cumplimiento de las normas de seguridad.

Una situación similar a la que se produjo a mediados del pasado mes de abril en los dos mataderos de Binéfar (Huesca) con casi un centenar de casos positivos entre trabajadores y contactos y que llevó a la Dirección General de Salud Pública de Aragón a abrir una investigación.

El ministro de Trabajo alemán, el socialdemócrata Hubertus Heil, señaló en una rueda de prensa que las inspecciones llevadas a cabo tras la detección de estos brotes habían revelado una situación "insufrible" en la que los empleados se enfrentan a condiciones "intolerables".

El sector se caracteriza por emplear a trabajadores en su mayoría procedentes de Europa del Este en condiciones precarias, con sueldos que en ocasiones quedan por debajo del salario mínimo y alojados en viviendas colectivas en las que no es posible mantener las distancias de seguridad y normas de higiene.

Según anunció Heil, el gabinete dirigido por la canciller Angela Merkel ha decidido por tanto intensificar los controles para garantizar que se cumplen tanto las medidas de prevención contra la pandemia como los derechos laborales, estableciendo para este fin cuotas fijas de inspecciones.

"Las reglas más estrictas no se mantienen si no hay controles permanentes," aseveró el ministro, que destacó que el Gobierno está decidido a no dejarse presionar por el poderoso lobby de la industria cárnica y en lugar de ello se guía por el interés general.

Además, a partir del 1 de enero de 2021 quedarán prohibidas las subcontratas y el empleo a través de empresas de trabajo temporal tanto en los mataderos como en las plantas de procesado cárnico, que podrán contar solamente con trabajadores propios.

Según explicó Heil, en la actualidad entre el 50 y el 80% de los empleados del sector están subcontratados, con frecuencia a través de estructuras complejas de múltiples niveles que según el ministro dificultan en gran medida que se inspeccione el cumplimiento de las normas laborales.

Además, a partir de ahora los empleadores tendrán la obligación de informar en dónde trabajan y dónde viven sus empleados extranjeros, para facilitar los controles de las condiciones de alojamiento y de transporte al puesto de trabajo.

A ello se suma que los tiempos de trabajo quedarán registrados digitalmente para evitar fraudes; los empleadores se enfrentarán a multas de hasta 30.000 euros en caso de que se detecten irregularidades.

"Quiero que en este sector sea normal lo que es normal en otros sectores," aseveró Heil.

 
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